Tegucigalpa – El coordinador de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, informó que un juez programó para el jueves 1 de septiembre, la resolución de la audiencia inicial en el caso de un desvío de fondos del Congreso Nacional a organizaciones no gubernamentales (ONG).
En ese sentido, detalló que la audiencia se realizará a las 9:00 de la mañana.
La Uferco solicitó prisión preventiva a dos de los imputados por lavado de activos, además, pidió suspensión del cargo para los funcionarios.
“Señalamiento de audiencia para 1/9/22 a las 9:00 de la mañana, para notificar resolución de audiencia Inicial en caso corrupción en CN por desvío de 18 millones 950 mil lempiras. La Uferco solicitó prisión preventiva para dos imputados por lavado de activos y suspensión del cargo para demás funcionarios”, posteó Santos en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, el Poder Judicial no ha revelado fecha de cuando el juez dará la resolución de la audiencia inicial.
En este caso están señalados el diputado Alberto Chedrani y los excongresistas Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino.
Chedrani y León Rojas son acusados por las presuntas comisiones de los delitos de fraude y lavado de activos; y en el caso de Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino por fraude.
Conforme a las investigaciones efectuadas en el periodo comprendido entre los años 2013-2017, a los anteriores se les vincula a operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con las ONG Líderes Comunitarios para el Desarrollo (Olicode) e Impulso Solidario (OIMSO).
Asimismo, están involucrados Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas (presidenta y contador de Olicode), José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera (presidente y contador de OIMSO), Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Cásula Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahún Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya (éstos últimos encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre).
Según la relación de hechos, los investigados se coludieron para crear las ONG Olicode y OIMSO, mediante las cuales desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán, mismos que solo se ejecutaron en un cinco por ciento aproximadamente y de los que al final se desviaron 18 millones 950 mil lempiras.
Desde su origen y durante el transcurso de sus operaciones, las actuaciones de las ONG se vieron envueltas en una serie de ilicitudes e irregularidades, puesto que además del hecho que los cinco encausados se valieron de su cargo como diputados para drenar recursos estatales, los directivos de Olicode y OIMSO eran funcionarios del Estado, desempañándose en áreas claves en la gestión de recursos públicos, como es el caso del Fondo de Desarrollo del Departamental del Congreso Nacional y en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).
Además, se determinó que los imputados siguieron una tipología de desvío de fondos para financiamiento de gastos personales y de campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil, captando los directivos de la ONG’s el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como es el caso de Chedrani Castañeda quien percibió 19 depósitos que sumaron más de 2.9 millones o Ramos Soto que fue beneficiario de cuatro depósitos de casi un millón de lempiras.
