Tegucigalpa.- La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, cuestionó duramente la reciente ampliación del estado de excepción por 45 días, argumentando que la medida ha perdido su carácter extraordinario para convertirse en «la norma» y ya no cumple su objetivo principal de reducir la extorsión.
«Este Gobierno se ha pasado con estados de excepción, pero los estados de excepción deben ser excepcionales y no la norma, y eso se vuelve un problema», sentenció Ayestas.
La experta en seguridad señaló que, a pesar de las constantes prórrogas, que según sus cálculos ya suman 22 o 23, los resultados en el combate al delito que originó la medida no son los esperados.
«El objetivo principal del estado de excepción era reducir la extorsión, y eso es lo que no ha pasado», afirmó, añadiendo que persisten otros fenómenos graves como los homicidios múltiples y las muertes violentas de mujeres.
Ilegalidad y falta de efectividad
Uno de los puntos más críticos señalados por Ayestas es la falta de ratificación de estas medidas por parte del Congreso Nacional. Advirtió que esta omisión podría tener consecuencias legales para los propios agentes de seguridad.
«El objetivo puede ser que las personas involucradas (en detenciones o allanamientos) reclamen que no es legal, y eso se va a volver un problema, precisamente para las autoridades, para los policías, para los militares que entran en allanamiento de morada sin que tenga una aprobación correspondiente», explicó.
En ese sentido, enfatizó en la necesidad «inmediata» de que el Congreso apruebe estas medidas para dotarlas de legalidad y que se cumplan todas las promesas asociadas, como el bloqueo efectivo de la señal celular en las cárceles. «De lo contrario, solo es para disuasión del delito, pero la gente ya no está teniendo miedo al respecto», advirtió.
A pesar de los informes oficiales, Ayestas recordó que la violencia persiste. «En Honduras se registran seis víctimas diarias», lamentó. Si bien reconoció que en los primeros seis meses del año hubo 105 municipios sin homicidios, concluyó que «se sigue siendo un país violento».
