Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló que al menos cinco candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen una vinculación, aunque no sea directa, con el narcotráfico.
Este documento fue presentado ante la Junta Nominadora de la CSJ, que desde el pasado 19 hasta el 27 de diciembre está en la etapa de recepción de denuncias y tachas de los 101 postulantes que siguen concursando.
Al respecto, el CNA señaló al exfiscal del Ministerio Público, Luis Fernando Padilla Castellanos como abogado de «Antúnez & Asociados», una de las firmas que contactó el expresidente Juan Orlando Hernández durante su proceso de extradición a Estados Unidos por tres cargos relacionados al narcotráfico y uso de armas.
También figura Wagner Vallecillo Paredes, quien es el suplente del diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen 2022-2026), Sady Andonie, quien «es investigado por la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) por vínculos con el narcotráfico y lavado de activo».
Además, el CNA lo cataloga como yerno de Fuad Jarufe y relacionado con Geovanny Fuentes (condenado por narcotráfico) en los juicios en Nueva York, Estados Unidos.
Por otra parte, incluyeron a Rebeca Lizeth Raquel Obando, por constituir y protocolizar la empresa Jericó Mining Company de acuerdo con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
Dicha asociación es propiedad de Alberto Muccioli Ordoñez, quien desde 2018 cuenta con medidas de aseguramiento y orden de captura por la ATIC por presuntamente estar vinculado a la estructura de narcotráfico y lavado de activos del fallecido señor Wilkin Montalván Mejía.
En la lista del CNA también aparece Rosa Helena Bonilla Galindo, quien durante su carrera defendió a personas como el expresidente Hernández, integrantes del cartel Valle Valle y relacionados con el cartel de Los Cachiros, todos estos vinculados con el tráfico de droga.
Igualmente se encuentra Aída Estela Romero Reyes, supuesta cuñada de Mario José Cálix Hernández, alias «Cubeta», acusado por narcotráfico en Estados Unidos en enero de 2009.
Estos aspirantes a magistrados asociados al narcotráfico tendrán cinco días hábiles para realizar sus descargos. Las audiencias públicas y las resoluciones de cada caso se desarrollarán del 4 a 6 de enero de 2023.
Luego de las etapas de recepción de documentos, exámenes toxicológicos, psicométricos y de conocimientos jurídicos e investigación socioeconómica siguen en carrera 101 de 185 que iniciaron el proceso.
La Junta Nominadora deberá enviar a más tardar el 23 de enero de 2013 al Congreso Nacional una lista con al menos 45 candidatos (mejores evaluados) para que los diputados elijan a los nuevos 15 magistrados para el periodo 2023-2030.
