Tegucigalpa – Un análisis retrospectivo del proceso de conformación del Consejo Nacional Electoral revela que la actual crisis por la ausencia de consejeros suplentes responde a una estrategia de largo plazo ejecutada por el partido Libertad y Refundación desde las negociaciones institucionales de 2024, según explicó el reconocido analista político y abogado Rafael Jerez.
Jerez desglosó cómo «los actuales suplentes del CNE fueron nombrados conjuntamente con los propietarios en marzo de 2024, aunque tomaron posesión en septiembre de ese año», en un proceso de negociación que estuvo estrechamente vinculado con el destrabamiento de la crisis del Ministerio Público tras la imposición del fiscal general interino en noviembre de 2023.
El analista contextualizó que «la negociación para el nombramiento del CNE se dio en el contexto del nombramiento definitivo del fiscal general del Ministerio Público», revelando cómo Libre utilizó las presiones institucionales múltiples para forzar acuerdos que le otorgaran ventajas estratégicas en el órgano electoral.
«En febrero de 2024 se destrabó la crisis del MP, y los partidos de oposición entraron en la negociación, eligiendo además a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas y la Unidad de Política Limpia», explicó Jerez, describiendo un momento de negociación institucional masiva donde Libre aprovechó las urgencias opositoras para insertar sus fichas estratégicas.
El momento crucial llegó cuando «ese mismo día se convocó al proceso de selección del CNE y Tribunal de Justicia Electoral», creando una dinámica donde la oposición se vio presionada a aceptar condiciones desfavorables bajo la amenaza de ser completamente excluida del proceso.
Jerez reveló la presión específica que enfrentó la oposición: «La oposición argumentó en ese tiempo que si no entraba en la negociación Libre iba a nombrar a los consejeros por medio de Comisión Permanente del Congreso Nacional. Lo mismo ocurrió con los magistrados del TJE», evidenciando cómo el oficialismo utilizó la amenaza de control unilateral para forzar negociaciones asimétricas.
El resultado de esta negociación bajo presión fue que «se eligió al CNE y TJE en marzo 2024, un mes después de haber elegido en propiedad al fiscal general», en un timing que según Jerez permitió a Libre consolidar su estrategia institucional de manera secuencial y calculada.
La jugada maestra del oficialismo se concretó cuando «Redondo/Libre lograron poner a los suplentes, una decisión que hoy es un revés para la oposición», demostrando la visión estratégica de largo plazo que permitió al partido oficialista preparar herramientas de obstrucción electoral desde el momento mismo de conformación del CNE.
Jerez fue categórico al caracterizar el resultado de esta estrategia: «Desde su origen, son dos consejeros suplentes arrodillados a Libre», una evaluación que explica por qué estos funcionarios se niegan a participar en sesiones que podrían resolver la crisis del órgano electoral.
El analista proyectó el escenario más probable advirtiendo que «ya está claro que los suplentes no van a participar», pero identificó las consecuencias estratégicas de esta posición: «la ley electoral ofrece salidas para que el CNE camine sin Marlon Ochoa y los suplentes, pero en ese momento Libre pierde el control que tiene ahorita de sabotear el proceso».
La predicción más inquietante de Jerez se refiere a la escalada que podría seguir: «se activarán otras herramientas de poder: Ministerio Público», sugiriendo que si Libre pierde el control del sabotaje electoral interno, podría recurrir a la instrumentalización del sistema de justicia para mantener presión sobre el proceso democrático.
El análisis culminó con una advertencia urgente dirigida a la ciudadanía: «La ciudadanía debe estar alerta, la defensa de la democracia es ahora, no en 2, 3 o 4 meses», alertando que el momento crítico para preservar la institucionalidad democrática hondureña ha llegado y requiere movilización ciudadana inmediata antes de que las «otras herramientas de poder» sean activadas por el oficialismo.
