Tegucigalpa, Honduras.— El recién nombrado director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, general en retiro, presentó una serie de lineamientos estratégicos orientados a fortalecer el control interno y eliminar definitivamente los «residuos de ingobernabilidad» que aún persisten en los centros penales del país.
El funcionario asumió oficialmente el cargo el 1 de mayo, tras la conclusión del periodo de la junta interventora que administró el sistema penitenciario durante casi cinco años. Amador Lacayo explicó que la transición ha sido paulatina y ordenada, como parte de un proceso más amplio de reorganización institucional que busca consolidar los avances logrados y corregir las prácticas heredadas que afectan la gobernabilidad.
Aunque ahora dirige el sistema en condición de civil, el titular del INP precisó que la estructura operativa mantiene una importante presencia de las Fuerzas Armadas, particularmente en los centros de mayor seguridad.
Sin embargo, subrayó que la visión a largo plazo contempla un retiro progresivo del componente militar, para que en el futuro el sistema sea dirigido completamente por personal penitenciario formado y especializado para esa función. «Este no es un cambio inmediato, es un proceso gradual», afirmó, al tiempo que destacó la existencia de una escuela especializada para capacitar agentes y oficiales.
En el ámbito administrativo, Amador Lacayo indicó que, por ahora, la estructura se mantendrá sin cambios mientras se realiza una evaluación integral del personal y los procedimientos. Respecto a la gestión saliente, informó que ya se iniciaron reuniones con miembros de la junta interventora para recibir informes generales, y que en los próximos días se profundizará en la rendición de cuentas y el estado real del sistema penitenciario.
El nuevo director reconoció que, pese a los avances registrados en los últimos años, todavía existen prácticas heredadas que afectan la gobernabilidad interna de las cárceles. «Se ha mejorado, pero todavía quedan remanentes de los vicios del pasado que debemos eliminar», sostuvo.
En ese sentido, aseguró que la instrucción del gobierno es mantener el orden alcanzado y reforzarlo mediante una estrategia basada en control, inteligencia penitenciaria y respeto a los derechos humanos, tomando en cuenta los distintos niveles de peligrosidad de la población privada de libertad.
Uno de los desafíos más urgentes que heredó la nueva dirección es el hacinamiento carcelario. Amador Lacayo reveló que el sistema alberga alrededor de 19 mil privados de libertad en instalaciones diseñadas para una capacidad máxima de entre 14 y 15 mil personas.
Ante esta realidad, planteó medidas concretas como el uso de brazaletes electrónicos para reos próximos a cumplir condena y el fortalecimiento de los procesos judiciales virtuales, con el fin de descongestionar los centros penales sin comprometer la seguridad.
Finalmente, el funcionario reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con organismos de derechos humanos y otras instituciones del Estado, con el objetivo de consolidar un sistema penitenciario más ordenado, eficiente y respetuoso de la dignidad humana.
Con esta hoja de ruta, el INP marca el inicio de una nueva etapa tras la salida de la junta interventora, en un contexto que exige respuestas firmes, técnicas y sostenibles para transformar la realidad carcelaria del país.
