Tegucigalpa – Después de llevar a cabo la audiencia inicial, un juez hondureño ha determinado la medida de auto de formal procesamiento para Iris María Sarmiento, una exasistente de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi). La imputada enfrenta cargos por presunta comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Este caso, conocido como «Narcopolítica II», marca la primera comparecencia ante los tribunales de justicia en relación con esta segunda línea judicializada. En el expediente, Sarmiento se desempeñó como asistente del extitular de la gerencia técnica de Soptravi, Elder Jacobo Gómez, quien también está bajo acusación en este caso.
«Narcopolítica II» involucra a 12 personas acusadas de formar parte de un esquema que facilitó el lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas mediante obras contratadas con el Estado hondureño, la mayoría de las cuales no se llevaron a cabo.
En la primera fase del caso, el exministro de la extinta Soptravi, Miguel Rodrigo Pastor, fue acusado de 21 delitos de fraude, cohecho y lavado de activos. Otros exfuncionarios, como Marlon Geovanny Flores, Carol Ivonne Pineda, Norberto Quezada, José Manuel Valladares Rosa y Lucas Jetsell Velásquez, también enfrentan acusaciones por delitos de fraude.
Las imputaciones están relacionadas con la asignación de contratos a la empresa INRIMAR, supuestamente destinados a obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro. Estos contratos fueron otorgados sin que INRIMAR cumpliera con los requisitos legales para contratar con el Estado durante la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Algunos contratos se fraccionaron, y otros se justificaron mediante decretos de emergencia por una tormenta tropical, siendo la mayoría de estas obras falsamente acreditadas como completadas o, en el caso de las ejecutadas, sobrevaloradas.
El propósito detrás de la asignación de estos contratos era, aparentemente, elevar la reputación y legitimidad de la empresa INRIMAR para facilitar el lavado de dinero derivado del narcotráfico a través de instituciones gubernamentales. Este caso destaca la necesidad de una investigación detallada y medidas judiciales para abordar la corrupción y el lavado de dinero en el ámbito gubernamental.
