Tegucigalpa – Un juez especializado en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción concedió este martes un cambio en las medidas cautelares al excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, sustituyendo la prisión preventiva por arresto domiciliario en el marco del caso de adquisición irregular de ventiladores mecánicos durante la pandemia.
La decisión judicial se produjo tras una audiencia en la que se notificó oficialmente al exfuncionario sobre la modificación de las medidas restrictivas que enfrentaba. Además del arresto domiciliario, Rubí deberá cumplir con otras disposiciones judiciales como la firma periódica ante los juzgados, prohibición de salida del país y el pago de una caución económica que asciende aproximadamente a siete millones de lempiras.
El excomisionado enfrenta acusaciones por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en relación con la compra de ventiladores mecánicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Según las investigaciones del Ministerio Público, Copeco adquirió estos equipos médicos mediante procedimientos irregulares, y posteriormente se comprobó que los dispositivos estaban defectuosos e inservibles para su uso en pacientes, causando un perjuicio económico al Estado hondureño superior a los 63 millones de lempiras.
Este caso involucra también a otros exfuncionarios del gobierno anterior, entre ellos Lisandro Rosales, excanciller de la República, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Asimismo, están implicados en el expediente Jessica Canahuati Farah, quien se desempeñó como excónsul en Nueva York, junto a Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina.
La modificación de las medidas cautelares para Rubí representa un cambio significativo en su situación legal, aunque el proceso judicial continúa su curso mientras las autoridades siguen tras la pista de Rosales y avanzan en la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos médicos durante uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria en el país.
El caso forma parte de una serie de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la gestión de fondos públicos durante la pandemia, que han generado indignación ciudadana ante la evidencia de posibles malos manejos en medio de una crisis de salud pública sin precedentes.
