Tegucigalpa, Honduras. – A menos de tres semanas de las elecciones generales, la exdiputada de Libertad y Refundación (Libre), María Luisa Borjas, lanzó una recomendación inusual y polémica: que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, sea sometido de inmediato a una evaluación neurológica y psiquiátrica.
En una carta dirigida a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, Borjas —quien también se desempeñó como comisionada de Policía en retiro— argumentó que los tres infartos cardíacos sufridos por el general podrían haberle dejado secuelas cerebrales que afecten su memoria, juicio, lenguaje o comportamiento.
“Respetuosamente, como hondureña consciente, amante de la libertad y la democracia, recomiendo que se coordine lo necesario para blindar nuestro próximo ejercicio electoral”, escribió, al citar la “conducta disruptiva” del alto mando y su “determinante participación” en el resguardo del proceso.
Borjas no escondió su preocupación por el rol político del general: lo señaló por manifestar simpatías con el Partido Libre, incluso al punto de apoyar públicamente una Asamblea Constituyente, una postura que, según ella, ha “expuesto el papel de las FFAA” y puesto en duda su neutralidad institucional.
Para la exlegisladora, no se trata de una cuestión personal, sino de garantizar que quien comanda las fuerzas que custodiarán las urnas el 30 de noviembre esté en pleno uso de sus facultades mentales. “No es un ataque, es una medida de prevención democrática”, aclaró.
Mientras el CNE no ha respondido públicamente a la solicitud, la propuesta ha encendido el debate: ¿debe la salud del liderazgo militar estar sujeta a escrutinio público cuando su rol trasciende lo castrense y toca lo electoral? Para Borjas, la respuesta es clara: en democracia, la capacidad para protegerla no puede dejarse al azar.
