Tegucigalpa, Honduras. – El exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Luis Cruz, reveló que Sedesol manejó en tres meses más de mil millones de lempiras con más de 70 diputados, cuestionando que los requerimientos fiscales se centren únicamente en la congresista Isis Cuéllar cuando la acusación actual apenas involucra siete millones de lempiras, interrogando explosivamente ¿dónde están los 950 millones restantes?
El exparlamentario señaló que los requerimientos fiscales en torno al caso Sedesol no deben ir enfocados solo contra Cuéllar porque «se sabe» que más diputados recibieron fondos de esa secretaría, revelación que sugiere que el escándalo del «Checazo» representa apenas una fracción del sistema de corrupción que operó sistemáticamente durante el gobierno de Xiomara Castro involucrando a decenas de legisladores.
«Sedesol manejó en tres meses más de mil millones de lempiras con más de 70 diputados, es importante que además de la acción penal que hoy instala la Fiscalía para que se capture a estas 11 personas incluida la diputada en funciones», indicó Cruz evidenciando la magnitud del esquema que trasciende ampliamente el caso documentado en el «cheque video» filtrado.
«En esta acusación contra Isis Cuéllar apenas están en juego siete millones de lempiras», justificó el exdiputado, estableciendo una desproporción dramática entre los recursos totales manejados irregularmente —mil millones— versus los apenas siete millones que constituyen el objeto de la investigación actual contra la legisladora de Copán y sus 11 coimputados.
En ese sentido, Cruz cuestionó contundentemente: «¿Dónde están los 950 millones restantes» que manejó Sedesol con los diputados?, interrogante explosivo que sugiere que la FETCOOP y el Fiscal General Johel Zelaya están investigando apenas una pequeña fracción del esquema total mientras 950 millones adicionales permanecen sin escrutinio judicial.
La revelación de que 70 diputados —más de la mitad del Congreso Nacional que tiene 128 legisladores— recibieron fondos de Sedesol en solo tres meses evidencia un sistema de clientelismo masivo mediante el cual la administración Castro canalizó recursos públicos hacia legisladores a cambio de lealtad política, respaldo en votaciones o distribución en sus departamentos para fortalecer estructuras partidarias.
El caso del «cheque video» se basa en la revelación del audio entre la diputada Cuéllar y el ahora exministro José Carlos Cardona donde ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral de Libre, evidencia que provocó escándalo nacional aunque según Cruz representa apenas una mínima parte del esquema total de corrupción.
En las últimas horas se libró requerimiento fiscal para los involucrados en este caso de corrupción; cuatro personas ya fueron capturadas —incluyendo Casandra Gáleas, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano e Iris Paola Pérez (excuñada de Cuéllar)— pero no los protagonistas principales del escándalo que permanecen sin detención.
La diputada Cuéllar permanece prófuga con paradero desconocido tras abandonar apresuradamente el hemiciclo del Congreso al conocer la orden de captura, mientras el exministro Cardona compareció voluntariamente este martes alegando inocencia y acusando que ambos son «chivos expiatorios» para proteger a funcionarios de Gobernación donde se manejaba «la mayor parte del fondo».
La acusación de Cruz sobre mil millones manejados con 70 diputados valida las denuncias de Cardona de que el esquema operó en varias instituciones del gobierno Castro —no solo Sedesol— y que la persecución se concentra selectivamente en funcionarios «descartables» mientras evita involucrar a quienes manejaban volúmenes superiores de recursos desviados.
La cifra de siete millones involucrados en la acusación contra Cuéllar corresponde aproximadamente a los 67 cheques por fraude documentados por el Fiscal Zelaya, quien reveló que ninguno de los beneficiarios reunía condiciones para acceder a ayuda social, evidenciando un esquema sistemático aunque limitado comparado con los mil millones totales según Cruz.
La interrogante sobre los 950 millones restantes plantea desafíos dramáticos para la FETCOOP que debería ampliar exponencialmente la investigación identificando a los 70 diputados receptores de fondos, rastreando uso de recursos, determinando si cumplieron requisitos legales o si constituyeron transferencias irregulares para comprar lealtades políticas del Legislativo.
El exdiputado Cruz —quien no logró reelección en noviembre 2025— tiene conocimiento directo del funcionamiento interno del Congreso y las relaciones con el Ejecutivo durante el gobierno Castro, otorgando credibilidad a sus afirmaciones sobre la magnitud del esquema que involucró a 70 legisladores recibiendo fondos de Sedesol en apenas tres meses.
La revelación genera interrogantes sobre si los 70 diputados incluyen únicamente legisladores de Libre o si el esquema también abarcó a congresistas de oposición que habrían sido cooptados mediante transferencias de Sedesol para garantizar mayorías en votaciones estratégicas, explicando la docilidad legislativa durante períodos del gobierno Castro.
El Fiscal General Zelaya había prometido «no fallarle a Honduras» en el caso Sedesol, aunque las revelaciones de Cruz sobre mil millones versus siete millones investigados cuestionan si la Fiscalía tiene voluntad y capacidad de ampliar exponencialmente el alcance del caso identificando y procesando a todos los diputados receptores de fondos irregulares.
El coordinador de Libre Manuel Zelaya ofreció secretaría legal del partido para defensa de Cuéllar y Cardona calificando las órdenes como «desproporcionadas», aunque las revelaciones de Cruz sobre 70 diputados receptores de fondos sugieren que el partido debería preocuparse por exposición masiva de legisladores que participaron del esquema de clientelismo financiado con recursos públicos.
La captura de solo 4 personas de nivel operativo —Gáleas, Solórzano, Baquedano y Pérez— mientras los protagonistas Cuéllar (prófuga) y Cardona (voluntario) no han sido detenidos, y los 70 diputados receptores de mil millones permanecen sin investigación, valida críticas sobre selectividad judicial que persigue a algunos mientras protege a la mayoría de beneficiarios del esquema.
