Tegucigalpa – La tensión diplomática entre Honduras y Estados Unidos alcanza un nuevo nivel crítico tras la denuncia del Tratado de Extradición realizada por el gobierno hondureño el 28 de agosto de 2024. Según declaraciones de la exfiscal Nilia Ramos en el noticiero Hoy Mismo de TSi, esta decisión podría desencadenar «sanciones extremas» contra funcionarios de alto nivel.
Entre los posibles afectados por estas medidas se encontrarían miembros de la familia presidencial, el Canciller de la República y el director de migración, quienes podrían ver sus visas estadounidenses revocadas y ser incluidos en la Lista Engel, un instrumento utilizado por Estados Unidos para sancionar a funcionarios centroamericanos vinculados a actos de corrupción.
La situación se complica aún más con la revelación de una presunta solicitud de extradición pendiente contra el exdiputado Carlos Zelaya, relacionada con un «narcovideo» de 2013 publicado por Insight Crime en 2024. Aunque Zelaya reconoció reuniones con traficantes, aseguró haber rechazado financiamiento para campañas del partido Libre. Sin embargo, el Canciller Eduardo Enrique Reina niega la existencia de solicitudes de extradición que involucren a políticos hondureños.
La decisión del gobierno hondureño de denunciar el tratado, alegando injerencia política estadounidense, ha generado preocupación en diversos sectores. Aunque el acuerdo sigue vigente hasta el 28 de febrero para procesar solicitudes pendientes, la exfiscal Ramos advierte que la falta de reversión de esta decisión podría tener consecuencias significativas para las relaciones bilaterales y la lucha contra el crimen organizado en la región.
