Tegucigalpa – La exfiscal Nilia Ramos cuestionó categóricamente la autenticidad del video en poder del Ministerio Público que supuestamente muestra al general en retiro Romeo Vásquez Velásquez recibiendo dinero del narcotráfico, calificando el material como «falso» y sugiriendo el uso de inteligencia artificial en su elaboración.
«Se nota a leguas que al cuerpo le ponen la cara. Yo creo que se equivocaron porque esa cara más bien me da a un ministro de Seguridad del 2006 al 2009 el físico», declaró Ramos, quien tiene amplia experiencia en el análisis de evidencia judicial y considera que el video fue manipulado digitalmente.
La experta legal sugiere que los responsables de la supuesta fabricación del video cometieron errores evidentes al superponer características faciales que no corresponden al general Vásquez, sino que se asemejan más a un funcionario que ocupó el cargo de ministro de Seguridad durante el período presidencial 2006-2009.
Un aspecto particularmente llamativo del caso es que el Ministerio Público no ha oficializado la presentación completa del video que supuestamente sustenta su requerimiento fiscal contra el exjefe del Estado Mayor. En su lugar, solo se han filtrado imágenes pixeleadas y difusas que, según Ramos, refuerzan las sospechas sobre la manipulación del material.
Según los documentos oficiales del MP, la acusación se fundamenta en una «prueba pericial que consiste en un presunto material audiovisual (video) obtenido por el Ministerio Público, en la que se observa al imputado recibiendo dinero en efectivo de un reconocido narcotraficante, quien lideró uno de los carteles más violentos del país y posteriormente fue condenado en los Estados Unidos».
Sin embargo, la falta de presentación oficial del video completo y la circulación únicamente de fragmentos de baja calidad han generado dudas sobre la integridad de la evidencia y los métodos utilizados para su obtención.
Las declaraciones de Ramos adquieren particular relevancia considerando su experiencia profesional en el sistema judicial hondureño y su conocimiento sobre los estándares técnicos requeridos para validar evidencia audiovisual en procesos penales.
La sugerencia de que el material podría haber sido creado mediante programas de inteligencia artificial plantea serias interrogantes sobre la sofisticación de posibles manipulaciones y la capacidad del sistema judicial para detectar y rechazar evidencia sintética o alterada.
El caso se produce en un contexto de crecientes tensiones políticas donde el general Vásquez ha realizado graves acusaciones contra el expresidente Manuel Zelaya, denunciando supuestos vínculos con el narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, lo que ha generado una guerra de denuncias cruzadas que involucra a figuras políticas y militares de alto nivel.
La controversia sobre la autenticidad del video subraya los desafíos que enfrenta el sistema judicial hondureño para manejar evidencia digital en una era donde la tecnología permite la creación de material audiovisual sintético cada vez más sofisticado y difícil de detectar.
La credibilidad del Ministerio Público podría verse afectada si se confirman las sospechas sobre manipulación de evidencia, especialmente en un caso de tan alto perfil que involucra acusaciones de vínculos entre autoridades militares y el narcotráfico.
El desarrollo de este caso será crucial para determinar la capacidad del sistema judicial hondureño de mantener estándares rigurosos de evidencia y evitar la instrumentalización política de procesos penales en un contexto electoral caracterizado por intensas confrontaciones entre diversos sectores de poder.
