Tegucigalpa, Honduras. – El exfiscal general Johel Zelaya no aceptó en silencio su destitución. Este martes interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Ley del Juicio Político, en un movimiento jurídico que abre un nuevo y complejo frente en el capítulo más turbulento de la historia institucional reciente de Honduras.
El recurso, dirigido contra el artículo 234 de la Constitución de la República y la propia Ley de Juicio Político, argumenta que ambas disposiciones violentan los artículos constitucionales 4, 90, 94 y 320, en una impugnación que cuestiona desde sus fundamentos el mecanismo que el Congreso Nacional utilizó para destituirlo el pasado 25 de marzo con 93 votos, en lo que se convirtió en el primer juicio político consumado en la historia democrática de Honduras.
El argumento central que Zelaya despliega en su escrito va más allá de su caso particular y apunta a la arquitectura jurídica del proceso mismo: la Ley de Juicio Político configura, según el exfuncionario, un régimen de remoción incompatible con los principios de legalidad estricta, debido proceso reforzado, separación de poderes, independencia funcional y tutela judicial efectiva, principios que el exfiscal respaldó citando la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Gutiérrez Navas y otros vs Honduras, un precedente que el sistema interamericano estableció precisamente sobre la remoción de funcionarios judiciales en el país centroamericano.
La autoridad recurrida en el recurso es el Congreso Nacional, el mismo poder del Estado que ejecutó el juicio político y que ahora deberá responder ante la Sala de lo Constitucional sobre la validez jurídica del mecanismo que utilizó, en lo que podría convertirse en uno de los debates constitucionales más trascendentales que haya conocido el máximo tribunal hondureño en su historia reciente.
El recurso llega en un momento de especial sensibilidad institucional: la CSJ está bajo el liderazgo del magistrado Wagner Vallecillo, quien asumió la presidencia del tribunal precisamente como consecuencia de los cambios que el juicio político contra Zelaya desencadenó, y la Sala de lo Constitucional deberá pronunciarse sobre un proceso en el que el propio Poder Judicial fue actor y testigo al mismo tiempo. Zelaya, quien optó por renunciar antes de ser destituido pero fue cesado de todas formas al no aceptarse su dimisión en los términos en que fue presentada, tiene ahora en manos de la CSJ la última palabra sobre si el proceso que lo sacó del cargo fue o no constitucional, en un expediente que podría reescribir las reglas del juego institucional hondureño para todos los juicios políticos que vengan en el futuro.
