Tegucigalpa – El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó este lunes medidas sustitutivas a la prisión preventiva contra dos exfuncionarios públicos vinculados al caso de arrendamientos irregulares de propiedades sin respaldo legal.
Los implicados son Rigoberto Portillo Mejía, extitular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), y Jaime Banegas, quien fungió como director de fiscales del Ministerio Público. Ambos profesionales del derecho enfrentan acusaciones por diversos delitos, entre ellos estafa, asociación para delinquir, uso de información privilegiada, concusión y malversación por aplicación oficial diferente.
Entre las medidas cautelares impuestas destacan la comparecencia quincenal ante la secretaría de los Juzgados, prohibición de salida del país, impedimento para comunicarse entre ellos y restricción para acercarse al domicilio del testigo protegido en el caso. La audiencia inicial fue programada para el miércoles 7 de mayo a las 10:00 de la mañana.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, durante 2024 un empresario del sector hotelero firmó un contrato de arrendamiento con la OABI tras la incautación de varios bienes inmuebles. Sin embargo, la investigación reveló que empleados y funcionarios de la institución habían utilizado información privilegiada y, en asociación con un abogado, elaboraron contratos ficticios sin entregar copias a los arrendatarios.
El Ministerio Público sostiene que los implicados cobraban importantes sumas de dinero que posteriormente depositaban en cuentas personales, evitando registrar dichos ingresos en las cuentas oficiales de la OABI, lo que constituye un presunto esquema de desvío de fondos públicos.
