Tegucigalpa, Honduras.— Una voz inesperada desde el interior del Consejo Nacional Electoral lanzó este jueves la denuncia más explosiva del proceso postelectoral: la consejera suplente Karen Rodríguez exigió públicamente descartar completamente los resultados del TREP y realizar un recuento manual total debido a que «casi 1 millón de votos» presentan irregularidades en el sistema operado por Grupo ASD.
La intervención de Rodríguez resulta doblemente sorpresiva: primero, porque su participación en el organismo electoral ha sido prácticamente inexistente públicamente durante todo el proceso; segundo, porque su propuesta implica invalidar el método que ha sostenido la ventaja de Nasry Asfura sobre Salvador Nasralla durante los últimos días.
A través de su cuenta oficial en X, Rodríguez reveló que ya desde el 10 de julio había detectado y denunciado irregularidades en los pliegos de licitación del TREP, señalando que «no cumplían con la ley electoral», una advertencia que según ella permitió «detener aquella anomalía» y corregir el proceso.
Sin embargo, la consejera suplente afirma que el problema actual es de «mayor magnitud» y que «la gran mayoría de las actas transmitidas por el TREP presentan inconsistencias», una acusación técnica que —de ser cierta— demolería la credibilidad de los resultados preliminares que han sido difundidos como oficiales.
La cifra que menciona es devastadora: «casi 1 millón de votos irregulares», un volumen que representa aproximadamente el 15% del total de votos emitidos y que supera ampliamente el margen de 20,000 votos que actualmente separa a los dos candidatos presidenciales punteros.
Rodríguez también reveló información que el CNE no ha confirmado públicamente: que «los tres consejeros propietarios» —Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa— ya habrían expresado su «inconformidad con la empresa ASD», sugiriendo que existe consenso interno sobre los problemas del sistema pero que no se ha traducido en acciones correctivas.
La propuesta de la consejera suplente es radical y sin precedentes: «Respetuosamente le pido al Pleno de Consejeros del CNE que el conteo utilizado con el método del TREP sea desestimado y se realice el escrutinio especial de conteo de votos con la totalidad de las actas físicas».
Esta solicitud implica descartar completamente los resultados preliminares que han sido publicados durante una semana y reiniciar el conteo desde cero utilizando únicamente las actas físicas que están bajo custodia del CNE, un proceso que podría tomar semanas y que cambiaría radicalmente el escenario político.
Rodríguez justifica su propuesta extrema advirtiendo que es la única forma de evitar una «penosa situación: declarar la nulidad del proceso y repetir el proceso electoral», sugiriendo que las irregularidades son de tal magnitud que podrían invalidar jurídicamente toda la elección.
La consejera también apeló al riesgo país, advirtiendo que insistir en un método cuestionado podría «provocar un estado de caos político, social y/o económico para nuestro país», un argumento que busca presionar al pleno del CNE para que tome decisiones antes de que la crisis escale.
Hasta el momento, el CNE no ha emitido ninguna postura oficial sobre el señalamiento de Rodríguez, manteniendo el silencio institucional que ha caracterizado su manejo del proceso postelectoral, pese a las múltiples denuncias acumuladas.
La irrupción de Rodríguez plantea interrogantes sobre por qué ahora y por qué desde una consejera suplente: ¿está actuando de manera independiente o representa una posición de algún sector político que prefiere no exponerse directamente? ¿Por qué los consejeros propietarios no han hecho públicas sus supuestas inconformidades con ASD?
La propuesta de descalificar el TREP beneficiaría directamente a Salvador Nasralla, quien ha denunciado sistemáticamente manipulación del sistema, pero también podría ser vista como una maniobra desesperada de sectores que buscan revertir un resultado adverso mediante cuestionamientos técnicos.
Sin embargo, la gravedad de las acusaciones —particularmente la cifra de «casi 1 millón de votos irregulares»— no puede ser ignorada y exige una respuesta técnica detallada del CNE y de Grupo ASD sobre qué tipo de inconsistencias se están detectando y si efectivamente comprometen la integridad del proceso.
La ausencia de respuesta oficial del CNE ante una denuncia de esta magnitud formulada por uno de sus propios miembros resulta inexplicable y alimenta las sospechas de que el organismo electoral está paralizado por divisiones internas o por temor a las implicaciones políticas de reconocer problemas sistémicos.
El escenario que plantea Rodríguez —descalificar el TREP y hacer recuento manual total— sería un reconocimiento de fracaso del sistema electoral hondureño y generaría una crisis de legitimidad sin precedentes, independientemente de quién resulte finalmente ganador.
La batalla por la narrativa se intensifica: mientras el Partido Nacional amenaza con acciones legales contra quienes denuncien fraude, desde el interior del propio CNE surge una voz que propone invalidar completamente el sistema de conteo preliminar, evidenciando la profundidad de la crisis institucional que atraviesa el proceso electoral hondureño.
