Tegucigalpa – Organizaciones internacionales, entre ellas el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), exigieron este viernes a las autoridades de Honduras justicia por el asesinato del ambientalista hondureño Juan López, el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, municipio de conflictivo departamento de Colón, en el Caribe.
En un comunicado, los representantes de unas doce organizaciones, de países latinoamericanos y de Europa, expresaron además su preocupación por que en Honduras “existe una sectorización de las investigaciones que buscan la responsabilidad por delitos cometidos en perjuicio de los bienes comunes y las personas que los defienden (como Juan López), no permitiendo que se haga un análisis integral del contexto en el que se ejecutan estos delitos”.
Resaltaron además “la necesidad de abordar las investigaciones con perspectiva diferenciada al tratarse de delitos contra personas defensoras de derechos humanos -en Colón- reforzando su análisis de contexto el perfil de la víctima y cómo su labor de defensa de los bienes comunes ha motivado la violencia que se mantiene impune”.
El grupo hizo esta semana una “Gira de incidencia y solidaridad en la zona del Aguán (Colón)”, con el lema “Justicia para Juan López y cese a la conflictividad agraria y socioambiental”.
La gira incluyó un recorrido por el Aguán, una fértil región que después de ser productora de granos básicos, desde hace 50 años es explotada con palma africana por empresarios y pequeños grupos campesinos.
En esa zona desde hace tres décadas se vive un conflicto de tierras que le fueron usurpadas por grandes empresarios a campesinos beneficiarios de una ley de reforma agraria impulsada hace medio siglo.
El conflicto ha dejado hasta ahora unas 200 personas muertas, entre campesinos, defensores del ambiente y derechos humanos; guardias de seguridad de empresas privadas y policías, entre otros.
El grupo de incidencia también se reunió en Tegucigalpa con funcionarios de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Fiscalía de Transparencia y contra la Corrupción y Fiscalía de Medio Ambiente.
Según el grupo internacional, “las fiscalías deben agotar las investigaciones de manera pronta, diligente y expedita que apunten a identificar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra los defensores del Aguán en Guapinol y el sector de San Pedro”.
“Es urgente que el Estado asuma con responsabilidad los acuerdos”
Además, recordaron que el 22 de febrero se firmó un acuerdo entre representantes de la Plataforma Agraria, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán y del Estado de Honduras como la Secretaría de Seguridad, Instituto Nacional Agrario (Ina), Secretaría de Defensa y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol).
En ese acuerdo, el Estado asumió la creación e instalación de una comisión de la verdad para atender las causas del conflicto con perspectiva de derechos humanos, acceso a la justicia y reparación integral, y se convino que el mecanismo investigará el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado y empresas de seguridad privada, sus vínculos con estructuras irregulares y su papel en actos violentos.
Pero más de cuatro meses después del asesinato de Juan López el caso parece estar en la impunidad, aunque tres hombres que supuestamente cometieron el crimen, fueron detenidos y guardan prisión.
“Es urgente que el Estado asuma con responsabilidad los acuerdos derivados del diálogo entre las partes, sin que imperen intereses que solo privilegian a quienes continúan explotando los bienes comunes de manera ilegal y manteniendo un ambiente de violencia contra personas defensoras de derechos humanos”, indicó el grupo de incidencia, que además condenó «enérgicamente el vil asesinato» de López.
El ambientalista era defensor de derechos humanos y de los bienes comunes, delegado de la palabra ligado a la Iglesia católica, concejal de la Alcaldía de Tocoa por el gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) y coordinador del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Entre el grupo de incidencia defensores del ambiente y de derechos humanos figuran Dora Lucy Arias, de Colombia; Julio González, de Guatemala; el sacerdote jesuita René Flores, de El Salvador, y Carolina Hidalgo Herrera, de Costa Rica, entre otros. EFE
