Tegucigalpa – Karla Romero, exjueza de Sentencia, ha expresado sus preocupaciones y afirmaciones sobre su reciente despido del Poder Judicial de Honduras.
En su declaración, Romero ha sostenido que esta acción constituye una «persecución política» y que las razones dadas para su destitución se basan en una ley que ya fue derogada.
Según Romero, su despido fue una decisión unilateral basada en una ley que dejó de estar en vigor antes de la creación del Consejo de la Judicatura.
La ley en cuestión, relacionada con la Carrera Judicial, fue derogada en 1980, y fue reemplazada por la ley que estableció el Consejo de la Judicatura, la cual también ha sido derogada desde entonces.
La exjueza ha enfatizado la importancia de respetar el Estado de derecho y de abogar por el respeto a la Constitución de la República. En sus declaraciones, Romero expresó su preocupación por las implicaciones de su destitución en las futuras generaciones.
Señaló que esto podría fomentar el temor a presentar recursos de inconstitucionalidad cuando se considera que ciertas leyes infringen la Constitución, lo que socavaría el Estado de derecho.
Romero también lamentó que las leyes que se enseñan en las aulas a menudo se ignoran en la práctica diaria, lo que socava el respeto por el sistema legal.
Su caso ha suscitado un debate sobre la independencia del Poder Judicial y la posibilidad de influencia política en las decisiones judiciales.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, confirmó que la destitución de Romero se basó en una causal establecida en la Ley de la Carrera Judicial, específicamente en el artículo 187.
Romero se hizo famosa por juramentar a la presidenta Xiomara de Zelaya el 27 de enero de 2022.
La situación plantea preguntas sobre la independencia del poder judicial y el debido proceso en el país.
