Tegucigalpa, Honduras.— Los últimos días de una gestión suelen estar marcados por decisiones que trascienden el tiempo. Este miércoles se conoció que Sarahí Cerna, exministra de la Presidencia, solicitó la creación de mil 571 plazas laborales permanentes en el Sistema Nacional de Emergencias 911 apenas siete días antes de abandonar su cargo, una petición que llegó en un momento complejo para las finanzas públicas y que hasta ahora no ha encontrado respaldo documental.
La solicitud, fechada el 20 de enero, fue dirigida al entonces ministro de Finanzas, Christian Duarte, quien respondió el 26 de enero —un día antes de la toma de posesión de Nasry Asfura— que la petición no podía ser atendida de manera favorable. La razón: las instituciones del sector público operaban con el Presupuesto General del 2025, lo que limitaba la creación de nuevos compromisos financieros de carácter permanente.
José Leonardo Mejía, director del Sistema de Emergencias 911, confirmó al noticiero Hoy Mismo la existencia de este oficio y explicó que el objetivo de la creación de plazas era establecer acuerdos directos con los empleados del sistema, cuya relación contractual había finalizado el 31 de diciembre del 2025.
Sin embargo, la situación actual genera interrogantes: Mejía aseguró que no ha encontrado en la oficina de recursos humanos ni en el área de personal documentación que respalde los acuerdos de los mil 571 empleados que supuestamente pasaron de contrato a nombramiento.
«Recordé a los empleados que tenían relación contractual con la institución que lo demostraran para reintegrarse al 911, pero no he encontrado indicios», señaló el director, en una declaración que pone sobre la mesa la necesidad de claridad en los procesos de contratación del sistema de emergencias.
El contexto de esta solicitud no es menor. El Sistema 911 es una pieza clave para la atención de emergencias en el país, y la estabilidad de su personal incide directamente en la calidad del servicio. Pero la transición entre administraciones, sumada a las restricciones presupuestarias, ha creado un escenario de incertidumbre para quienes laboran en la institución.
Mientras Mejía invita a los trabajadores a presentar la documentación que acredite su vínculo contractual, la pregunta que permanece es cómo se gestionaron estos procesos en los últimos días de la administración anterior. Para la ciudadanía, la transparencia en la contratación pública no es un detalle menor: es la base de la confianza en las instituciones que protegen su seguridad.
Por ahora, el Sistema 911 continúa operando mientras se esclarece el estatus de su personal. Y el caso de las 1,571 plazas solicitadas a última hora queda como un recordatorio de que las decisiones administrativas, especialmente en momentos de transición, deben estar respaldadas por documentación clara, procedimientos transparentes y un compromiso genuino con el interés público.
