Tegucigalpa – En un contundente análisis sobre el reciente proceso electoral primario en Honduras, el exministro de Transparencia y exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, ha puesto sobre la mesa un principio fundamental de la función pública: cuando los funcionarios pierden la confianza del pueblo, lo que corresponde es que renuncien o pongan a disposición sus cargos.
Orellana señaló específicamente que los responsables del proceso electoral también pueden ser destituidos por negligencia, cuestionando abiertamente si este principio de responsabilidad política se aplicará en el contexto actual hondureño marcado por una crisis poselectoral.
Las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo estuvieron plagadas de irregularidades, siendo la más notoria la retención de maletas electorales en autobuses contratados para su traslado. Sobre este punto, el exministro fue categórico al indicar que el problema se originó por la entrega tardía del material electoral, consecuencia directa de una orden recibida por los conductores para mantener los vehículos estacionados en la calle. Orellana lanzó la pregunta que muchos hondureños se hacen: «¿Quién dio esa orden?»
La situación ha desembocado en una crisis institucional en la que tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como las Fuerzas Armadas de Honduras se señalan mutuamente como responsables de los contratiempos registrados durante el proceso electoral. Ambas instituciones han intentado deslindarse de responsabilidades, generando un clima de desconfianza entre la ciudadanía.
A pesar de la gravedad de los hechos, hasta el momento la única medida concreta ha sido la destitución del ingeniero Joel Ramos, quien se desempeñaba como coordinador de transporte del CNE desde hace 14 años. Esta única salida contrasta con la magnitud de las irregularidades señaladas y con el llamado de Orellana a una rendición de cuentas más amplia por parte de los funcionarios involucrados.
La crisis poselectoral continúa desarrollándose mientras Honduras espera respuestas claras sobre los responsables de las fallas en un proceso fundamental para la democracia del país, poniendo a prueba la institucionalidad y los mecanismos de control y transparencia del sistema electoral hondureño.
