Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones de Honduras ha declarado “ha lugar” la solicitud de cambio de medidas para el exoficial de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, quienes se encuentran imputados por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Esta medida significa que los imputados se defenderán en libertad mientras afrontan el proceso de juicio oral y público que inició este lunes y se desarrollará hasta el 11 de mayo.
Para que la medida se cumpla, la Corte de Apelaciones debe remitir el expediente a la Sala I del Tribunal de Sentencia, y la sentencia no perjudicará el desarrollo del juicio oral.
Como medidas, los tres imputados deberán estar bajo la vigilancia de sus abogados, firmar periódicamente en el juzgado y se les prohibirá comunicarse con testigos.
El ente acusador alegó que Rodríguez Orellana participaba en operativos en la zona de Gracias a Dios, donde al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad y se quedaba con parte de lo incautado.
Además, se le acusa de participar en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, así como de estar involucrado en la muerte de muchas personas, incluyendo un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
El análisis financiero del Ministerio Público indica que el excapitán de la FFAA recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813 mil 918 lempiras.
Por su parte, su esposa y suegra tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados.
