Tegucigalpa – La directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Liliam Rivera, expresó serias preocupaciones sobre la estructura del presupuesto general de la República, señalando que una proporción considerable de los recursos públicos se destina al pago de empleados, lo que limita significativamente la capacidad de inversión pública del Estado hondureño.
«Gran parte del presupuesto sigue destinándose a sueldos, transferencias y servicio de deuda, en lugar de enfocarse en inversión productiva y servicios públicos esenciales como salud y educación», declaró Rivera, quien también manifestó dudas respecto a las recientes valoraciones emitidas por representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación económica del país.
La experta cuestionó específicamente la redefinición del concepto de inversión pública implementada por el actual gobierno, argumentando que esta nueva conceptualización incorpora elementos que desde una perspectiva económica técnica no corresponden a la formación de capital.
«Hablar de inversión pública es importante porque el Gobierno hizo una reclasificación conceptual de lo que es inversión pública, hay temas que desde el punto de vista de la economía no son inversión, ya que no contribuyen a la formación de capital», explicó.
Rivera profundizó en la aparente contradicción entre los indicadores macroeconómicos positivos destacados por el FMI y la realidad socioeconómica que experimentan los ciudadanos hondureños. «Ante los pronunciamientos del FMI uno se cuestiona, ¿Cómo es que estamos bien a nivel macroeconómico y fiscal, pero no se ve reflejado en el bienestar de las familias hondureñas?», planteó la directora de la ASJ.
Esta discrepancia entre los indicadores económicos presentados por organismos internacionales y la percepción ciudadana sobre su bienestar material refleja una desconexión que, según Rivera, debe ser analizada con mayor profundidad para comprender los verdaderos retos económicos que enfrenta el país.
Las observaciones de la experta ponen de manifiesto la necesidad de revisar los criterios para evaluar el desempeño económico nacional, priorizando indicadores que midan efectivamente el impacto de las políticas públicas en la calidad de vida de la población, más allá de los tradicionales parámetros macroeconómicos.
