Tegucigalpa, Honduras.— La polémica por los pasaportes diplomáticos vitalicios podría tener una salida más sencilla de lo que parece. Graco Pérez, experto en derecho internacional, afirmó hoy que un comunicado oficial de la Cancillería basta para dejar sin valor ni efecto el reglamento aprobado durante la gestión del excanciller Enrique Reina, que establecía este beneficio para presidentes, cancilleres, excancilleres y sus cónyuges.
«Un comunicado de cancillería deja sin valor y efecto ese reglamento que aprobaron en el gobierno anterior y listo», manifestó Pérez en el programa Doble Vía de Radio América, al referirse a la norma que ha generado críticas por considerar que institucionaliza privilegios para una casta política.
Para el especialista, no se trata de un procedimiento complejo ni de una reforma legislativa. Es una decisión administrativa que las nuevas autoridades pueden tomar sin mayores trámites. Además, razonó que en el mundo entero circulan personas con pasaporte diplomático, oficial o especial sin que ello represente un problema per se; la cuestión, subrayó, radica en cómo se regula y controla su uso en Honduras.
Pérez consideró que la solución está al alcance de la mano: un comunicado de parte de la nueva administración podría zanjar el debate y restablecer la confianza en el manejo de estos documentos.
En esa misma línea, el designado presidencial Carlos Flores informó que la canciller Mireya Agüero gestionará la revisión de la problemática relacionada con los pasaportes diplomáticos vitalicios, tras la polémica desatada por la entrega de este beneficio a exfuncionarios del gobierno anterior.
Flores explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizará primero un levantamiento de información para conocer cuántos pasaportes diplomáticos existen actualmente, tanto los regulares como los vitalicios. El objetivo, precisó, es determinar el alcance real de este privilegio dentro del aparato estatal, antes de tomar cualquier decisión de fondo.
Mientras el gobierno define los siguientes pasos, la opinión del experto en derecho internacional aporta claridad jurídica: no se requiere una reforma constitucional ni una ley del Congreso para revertir el reglamento de 2025. Basta con la voluntad política de las nuevas autoridades y un acto administrativo formal para cerrar este capítulo y avanzar hacia un sistema de credenciales diplomáticas más transparente y alineado con el interés público.
