Tegucigalpa, Honduras.— El especialista en energía eléctrica Kevin Rodríguez denunció como un «atentado contra el libre mercado» la nueva prohibición gubernamental que impide a hondureños comercializar energía producida con paneles solares privados, estableciendo una controversia sobre los límites del control estatal en el sector energético.
La crítica surge tras la entrada en vigor del Acuerdo CREE-099-2025 que prohíbe desde el 15 de agosto la reventa o cesión de energía eléctrica, afectando especialmente a propietarios de sistemas solares que buscaban monetizar sus excedentes de producción.
Rodríguez estableció una analogía provocativa al comparar la medida con que la Suplidora de Productos Básicos prohibiera a campesinos vender sus cosechas a compradores distintos del gobierno, cuestionando la legitimidad estatal para restringir el comercio de productos generados mediante inversión privada.
¿Quién son ustedes para prohibirle al pueblo hondureño vender lo que producen con sus paneles?, cuestionó el experto, recomendando al gobierno revertir la medida y buscar asesoría legal especializada ante posibles implicaciones penales de la restricción comercial.
La prohibición genera una paradoja regulatoria significativa: mientras Honduras mantiene desde hace más de una década incentivos fiscales para instalación de paneles solares mediante la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, ahora limita las opciones comerciales para recuperar dichas inversiones incentivadas estatalmente.
El Reglamento de Servicio Eléctrico de Distribución afecta administradores de residenciales, condominios, complejos inmobiliarios, centros comerciales y edificios corporativos donde tradicionalmente se redistribuía energía internamente, eliminando modelos de negocio establecidos en el sector inmobiliario.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica justificó la medida estableciendo que usuarios deben trasladar de manera íntegra y proporcional la facturación del suministro eléctrico, garantizando ausencia de lucro en el cobro hacia terceros, efectivamente eliminando márgenes comerciales en redistribución energética.
La ENEE mantiene controles técnicos sobre sistemas solares privados, exigiendo aprobación para medición bidireccional y limitando capacidad instalada al 75% de la demanda máxima, mientras los excedentes de energía de empresas con inversiones costosas permanecen sin reconocimiento económico.
La CREE anunció un proceso de fiscalización masiva para verificar cumplimiento de las nuevas restricciones, estableciendo un marco de vigilancia estatal sobre actividades comerciales energéticas que anteriormente operaban con relativa autonomía.
La controversia evidencia tensiones entre políticas de incentivo a energías renovables y control estatal del mercado energético, creando incertidumbre para inversionistas que realizaron desembolsos significativos bajo marcos regulatorios anteriores más permisivos.
