Tegucigalpa. – “El proyecto de ley de justicia fiscal es preocupante, creo que es parte de una estrategia del gobierno del partido Libre y lo vimos desde el año pasado con la derogación de la Ley de Empleo por Hora, de las Zede y de la Ley Marco de Protección Social”, dijo José Luis Moncada, extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros (CNBS).
Sectores de la economía cuestionan el plan del gobierno para acabar con las exenciones tributarias.
Moncada instó a las autoridades gubernamentales a revisar y modificar los regímenes de exención tributaria pero no a derogarlos porque ayudan a fomentar la estabilidad social y política y las condiciones para atraer inversiones.
Contrario a lo que afirma el gobierno, el proyecto de Ley de Justicia Fiscal “va a aumentar la pobreza”, según Moncada. “.
Muchos sectores económicos del país han expresado su preocupación de que las medidas fiscales anunciadas por el gobierno resulten en la desaparición de la clase media, amenacen la inversión y el crecimiento del empleo y aumenten la informalidad.
En oposición al plan del Ejecutivo de acabar con los “privilegios fiscales” de “los más ricos”, Moncada argumentó que las “empresas privadas” en Honduras habían producido riqueza y desarrollo. “.
Según el gobierno, “durante los últimos 12 años se profundizó un modelo económico para enriquecer a unos pocos grupos sobre la base de la destrucción del Estado, la corrupción público-privada, la impunidad estructural, el perdón fiscal a los ricos y el cobro de impuestos a los más pobres”.
Deberían “hacer un cálculo desde 1982 desde el retorno a la democracia e incluir el período 2006-2009 del expresidente Manuel Zelaya, y revisar las exoneraciones y la política fiscal de su gobierno, para que vean que es un comportamiento que se ha dado en la economía del país”, aconsejó Moncada.
Al respecto, el también expresidente de la CNBS solicitó que se revisen las exenciones tributarias pero se mantengan.
Afirmó: “Derogar lo que son condiciones que dan oportunidades de empleo, a generar inversión, me parece que es destruir un modelo que es perfectible y que se puede mejorar para generar riqueza y generar impuestos que bien orientados pueden ayudar a reducir la pobreza”,
Moncada no descartó por completo la posibilidad de que la derogación de las políticas de exención de impuestos tenga “implicaciones jurídicas por derechos adquiridos a efectos de competitividad”.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) también expresó su preocupación por la reforma fiscal, calificándola de “peligrosa”, e instó al gobierno a castigar a los infractores en lugar de eliminar las exenciones.
“Sancionar al infractor si infringió la ley. El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, cuestionó si las sanciones deben aplicarse a todo el sector privado porque algunas personas pueden haber abusado de las exoneraciones.
Varios representantes de los partidos de oposición han declarado que se opondrán a cualquier legislación que no promueva los intereses de Honduras.
“Rechazaré cualquier reforma tributaria que genere desempleo y aleje la inversión de nuestro país. El enfoque de la ley debe ser atraer más inversionistas que generen empleos. Inversión + Empleo = Desarrollo”, según el diputado del Partido Liberal Marlon Lara.
El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, aseguró que el proyecto fiscal “es un punto de partida con buenos elementos de control”, y que en consecuencia “estamos trabajando en los elementos que se deben cambiar y/o agregar para atraer inversión y generar empleo”.
Barquero afirmó en Twitter que el gobierno está abierto a las sugerencias de los interesados y al diálogo.
