Tegucigalpa – La modernización del sistema de transporte hondureño avanza con una propuesta legislativa que podría transformar el sector al regularizar miles de unidades cuya vida útil ha vencido según la normativa actual. La Comisión de Transporte, Vivienda y Urbanismo del Congreso Nacional, presidida por el diputado Netzer Mejía, ha logrado importantes consensos con autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y representantes del sector para impulsar esta iniciativa.
Tras una reunión clave con los diversos actores involucrados, se alcanzó un acuerdo para someter a tercer debate el proyecto de ley que otorgaría una amnistía de dos años tanto al transporte público de personas como al de carga. Esta medida permitiría que unidades que han sobrepasado su vida útil legal puedan continuar operando, siempre que demuestren condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.
«Esta amnistía permitirá que las unidades sean evaluadas en talleres autorizados por el IHTT y, tras pasar una revisión física, técnica y mecánica, puedan continuar brindando servicio con seguridad y legalidad», explicó Mejía, destacando que no se trata simplemente de extender permisos, sino de garantizar estándares mínimos para la operación de las unidades.
El alcance de la iniciativa se extiende también al transporte de carga público y especial, e incluye aquellas solicitudes de concesión presentadas hace más de seis años que quedaron estancadas debido al vencimiento de la vida útil de las unidades durante el prolongado proceso administrativo.
Rafael Barahona, comisionado del IHTT, subrayó la trascendencia de la propuesta al señalar que este decreto facilitará el otorgamiento de permisos de explotación con una vigencia de 12 años y certificados de operación por tres años. «Este es un legado que deja el Congreso y el gobierno de la República al transporte hondureño; nadie más podrá utilizar las concesiones con fines políticos o particulares», advirtió, sugiriendo que la medida busca despolitizar un sector históricamente influenciado por intereses electorales.
Un aspecto destacado de la propuesta es su impacto en el acceso a financiamiento. Según explicó Barahona, la regularización «permitirá que los transportistas accedan a financiamiento para renovar sus unidades, con respaldo legal y documentos vigentes», creando así un camino viable para la eventual modernización del parque vehicular del transporte público.
Desde el punto de vista administrativo, la iniciativa representa una solución pragmática para los aproximadamente 30,000 trámites pendientes que actualmente saturan el IHTT. «Esta medida permitirá destrabar más de 30,000 trámites pendientes, brindando soluciones concretas a los concesionarios sin exigir cambios inmediatos de unidades que no podrían efectuarse en tan corto plazo», explicó el comisionado, reconociendo las limitaciones económicas que enfrentan muchos transportistas.
La propuesta cuenta con respaldo tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, y se enmarca en una visión más amplia para desarrollar un sistema de transporte público que combine seguridad, accesibilidad y modernización gradual, adaptándose a las realidades económicas del sector y del país.
La iniciativa podría representar un punto de inflexión para un sector que ha operado durante años bajo condiciones de irregularidad e incertidumbre legal, ofreciendo un camino ordenado hacia la formalización y eventual renovación del parque vehicular de transporte público y de carga en Honduras.
