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Contradicciones en el Gobierno: ¿Quién gestionó la extensión del Tratado de Extradición con EE. UU.?»

Héctor Zelaya y Manuel Zelaya ofrecen versiones distintas sobre la negociación del acuerdo, atribuyendo el mérito a diferentes actores políticos

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Tegucigalpa – Una aparente contradicción ha surgido en el seno del gobierno hondureño respecto a la gestión que llevó a la extensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos. El secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, y el expresidente Manuel «Mel» Zelaya han presentado versiones diferentes sobre los artífices del acuerdo.

Héctor Zelaya, hijo de la presidenta Xiomara Castro, atribuyó el logro directamente a la gestión de la mandataria, señalando que fue resultado de negociaciones directas con la administración Trump.

«La presidenta lo estableció con Estados Unidos, donde ella estableció sus prioridades, el gobierno norteamericano también las estableció, llegaron a un acuerdo y por lo tanto se hace el anuncio», afirmó.

Sin embargo, el expresidente Manuel Zelaya presentó una versión diferente en redes sociales, atribuyendo el mérito a la precandidata de Libre y ministra de Defensa, Rixi Moncada, durante su reciente visita a Washington. «@XiomaraCastroZ ha decidido suspender su denuncia, manteniendo así la vigencia del tratado hasta el 27 de enero de 2026. Esta decisión se enmarca en la pasada visita de @riximga a Washington», publicó.

Según el secretario privado, las negociaciones incluyeron «pláticas directas con la Casa Blanca» y destacó la apertura de ambas partes para alcanzar estos acuerdos. También mencionó que la Casa Blanca estableció contacto con el expresidente Zelaya por instrucciones de la presidenta.

Esta discrepancia en las narrativas sobre la extensión del tratado, que se produjo apenas 10 días antes de su vencimiento, revela posibles tensiones internas en el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y plantea interrogantes sobre el proceso de toma de decisiones en el gobierno actual.

La extensión del tratado garantiza su vigencia hasta enero de 2026, manteniendo un instrumento crucial para la cooperación judicial entre ambos países, aunque las versiones contradictorias sobre su negociación añaden un elemento de incertidumbre política al proceso.

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