Tegucigalpa – La extorsión se convirtió en las últimas décadas en uno de los principales delitos que pone de rodillas a los hondureños y la plaga que los gobiernos no pueden erradicar.
La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Ana Paola Díaz, señaló que el flagelo, cuyas principales víctimas son emprendedores, produce el cierre de empresas que significa la pérdida de empleos y forzada movilización de ciudadanos a lo interno y externo.
Según datos de la empresa privada e informes de sociedad civil, al menos 40 mil emprendimientos han cerrado por la extorsión en los últimos años, asimismo el ilícito obstaculiza la creación de nuevos negocios por el temor de ser víctimas de este delito.
“En un periodo de enero a octubre de 2022, comparado a 2021, hemos visto que hay una reducción de constitución de empresas de un cuatro por ciento, lo que significa que hay 295 menos empresas constituidas y formalizadas”, reveló la abogada Díaz.
Señaló que la denuncia de los perjudicados es fundamental para sentenciar a los hechores, no obstante, considera necesario un cambio en el proceso judicial para evitar la revictimización de personas.
Una víctima “además del temor por la extorsión que está sufriendo, tiene que interponer denuncia y entregar de dinero para capturar a los extorsionadores, entonces seguimos exhortando que haya una modificación de la legislación vigente”, explicó.
“El objeto es que este proceso pueda ser expedito y este delito sea considerado de orden público y que no sea necesario estos pasos que tiene que hacer la víctima”, agregó.
La directora ejecutiva de la CCIT señaló que apoyan las medidas tomadas por el Gobierno para combatir la extorsión de forma inmediata, además se debe acompañar con el cambio de legislatura y un correcto estudio para las rigurosas decisiones como decretar estado de excepción.
El experto en criminología y exdirector penitenciario, Carlos Padilla, señaló que la lucha contra la extorsión debe ser encaminada con un plan a largo plazo y con una colaboración interinstitucional de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional.
“No podemos desconocer que el efectivo de las Fuerzas Armadas maneja el trabajo de inteligencia y de repente la Policía la parte operativa; estos grupos de criminalidad organizada que se dedica a la extorsión manejan mucha inteligencia”, comentó.
El pasado jueves, la presidenta Xiomara Castro decreto emergencia nacional en materia de seguridad e instruyó a la Policía Nacional proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales que considere pertinente.
Por tal razón, las autoridades policiales contemplan que al menos 60 sectores de Tegucigalpa, Francisco Morazán y 60 en San Pedro Sula, Cortés, entren en un estado de excepción parcial.
