Tegucigalpa – La bancada del Partido Nacional respondió con fuertes acusaciones tras la captura del diputado Nelson Márquez, caracterizando el hecho como una estrategia de persecución política desde el gobierno. Durante una conferencia de prensa en el Congreso Nacional, los legisladores nacionalistas denunciaron lo que consideran un uso político del sistema judicial.
«La acción de hoy es una extorsión judicial porque nos lleva varias líneas, quiere doblarle el brazo a la oposición porque Libre quiere la presidencia del Consejo Nacional Electoral«, declaró el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, conectando directamente la captura con las disputas por el control del órgano electoral.
Zambrano advirtió que pronto vendrán órdenes de capturas contra líderes del Partido Nacional y Partido Liberal con la intención del oficialismo de «doblarles el brazo y eliminar la verificación y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP)». Esta predicción sugiere que los nacionalistas interpretan la captura como parte de una estrategia más amplia para debilitar la oposición electoral.
El jefe de bancada estableció un patrón de persecución, mencionando que «en cada ocasión que el Partido Nacional realiza una marcha a nivel nacional en contra del gobierno, siempre hay un requerimiento fiscal en contra de uno de sus líderes». Esta observación busca demostrar la naturaleza política de las acciones judiciales.
Zambrano dirigió críticas específicas hacia el poder judicial, reprochando que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se preste a una extorsión judicial al ordenar a un magistrado afín a Libre para emitir orden de captura, cuestionando la independencia del sistema judicial.
El diputado Mario Pérez denunció irregularidades procedimentales, contando que cuando la bancada llegó al Congreso Nacional había un mega operativo instalado por la Policía Nacional en las afueras del hemiciclo exigiendo documentos de identidad. Esta descripción sugiere una militarización del espacio legislativo.
Pérez reprochó que Márquez no fuera citado para comparecer en el Ministerio Público y ser informado de la investigación tras tener la investidura como congresista, argumentando que se violaron los procedimientos especiales establecidos para los legisladores.
El diputado condenó que se filtrara la fotografía de la captura de Nelson Márquez, señalando que «la ley prohíbe exhibir a cualquier detenido, pero querían esa fotografía para que circulara en todo el país y sacar provecho político de la misma«. Esta crítica apunta al manejo mediático del caso.
Finalmente, la bancada nacionalista exigió que en la audiencia de declaración de imputados, el juez natural respete los derechos y garantías, su estado de inocencia, el derecho a una defensa amplia y completa, estableciendo sus expectativas sobre el debido proceso legal.
Las declaraciones de la bancada nacionalista configuran una narrativa donde presentan la captura de Márquez no como un caso de corrupción sino como una maniobra política del oficialismo para debilitar a la oposición en el contexto de las disputas electorales y el control de las instituciones democráticas.
