Tegucigalpa – Ana María Calderón, quien fuera portavoz de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), señaló graves fallas jurídicas en el proyecto de ley para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Calderón clarificó que el proceso correcto para establecer la CICIH requiere primero la firma de un convenio o tratado entre el gobierno hondureño y una entidad internacional, como la ONU, seguido de la aprobación de dicho tratado por el Congreso Nacional.
Durante una conferencia, Calderón expresó su sorpresa y preocupación por los intentos del Congreso de otorgarle rango constitucional a la CICIH. Según ella, es fundamental establecer primero la comisión internacional antes de asignarle facultades específicas, como la de actuar como querellante autónomo.
Calderón criticó dos aspectos del proyecto: la prematura asignación de facultades de querellante autónomo a una comisión que aún no existe y la responsabilidad dada al Fiscal General de acreditar la personería jurídica de cada miembro de la CICIH.
Estas medidas, argumentó, representan una serie de contrariedades legales que comprometen la viabilidad del proyecto.
La exvocera terminó su intervención calificando la situación como un «imposible jurídico», destacando que es crucial reevaluar el enfoque legislativo para garantizar la legalidad y efectividad de la lucha contra la corrupción en Honduras.
