Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional recibió el proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano que declara Estado de Emergencia Fiscal por hasta 24 meses autorizando a la Secretaría de Finanzas reestructurar o perfilar la deuda pública del Estado —tanto interna como externa— mientras habilita régimen excepcional temporal para corregir desequilibrios que comprometen capacidad del gobierno para cumplir obligaciones constitucionales.
La iniciativa materializa la petición que el ministro Emilio Hernández Hércules formuló a la CSJ para modificar mecanismo de embargos judiciales, ordenando que sentencias se paguen desde Tesorería General de la República versus Caja Única del Estado que permite débitos automáticos drenando recursos que en 15 días superaron los 3,000 millones de lempiras paralizando operación gubernamental.
El proyecto busca que embargos judiciales por diversas causas no se apliquen a la Caja Única sino que se dirijan a la TGR para que haga programaciones del pago de las mismas, mecanismo que restauraría control del Ejecutivo sobre flujo de caja permitiendo priorizar gastos en salud, educación y seguridad versus ejecución inmediata de sentencias que actualmente vacían tesorería automáticamente.
La vigencia máxima de 24 meses (dos años) para el Estado de Emergencia Fiscal establece plazo temporal donde gobierno gozará de facultades extraordinarias para adoptar medidas excepcionales orientadas a corregir desequilibrios fiscales, restablecer orden financiero y sentar bases para recuperación económica sostenible tras heredar desorden que el presidente Asfura calificó señalando «estamos en rojo, debemos 17 mil millones».
La autorización a SEFIN para reestructurar deuda pública cobra relevancia considerando que el BCH reveló que Honduras pagó 853.6 millones de dólares en amortización durante 2025 superando los 787.9 millones recibidos en desembolsos, generando salida neta de recursos por 65.7 millones que agrava crisis fiscal donde servicio total de deuda alcanzó 1,021 millones anuales.
En un movimiento contra el colapso financiero heredado, la iniciativa del Ejecutivo busca amputar alrededor de 36 instituciones estatales redundantes entre las más de 100 que actualmente operan, consolidando estrategia de racionalización que el ministro Hernández anunció reduciendo de 113 a 78 entidades para generar ahorro en gasto corriente que libere recursos para inversión social y pago de pasivos acumulados.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa sostiene que el país enfrenta una situación fiscal «extraordinaria» que compromete la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para cumplir oportunamente sus obligaciones constitucionales y legales, justificando adopción de medidas excepcionales bajo régimen temporal controlado.
El proyecto establece que la declaratoria de emergencia no implica la suspensión de derechos fundamentales ni la alteración del orden constitucional, sino la habilitación de un régimen estrictamente fiscal y financiero limitado en el tiempo y sujeto a mecanismos de control, rendición de cuentas y responsabilidad administrativa, civil y penal en caso de abusos o incumplimientos.
Las garantías contra abusos contrastan con advertencias del diputado Carlos Umaña de que compras directas contempladas en decretos de emergencia son «fuente de corrupción legalizada», señalando necesidad de vigilancia estricta sobre ejercicio de facultades extraordinarias que gobierno ejercerá durante dos años versus controles normales que legislature impone mediante aprobaciones individuales de cada medida.
La reestructuración de deuda que SEFIN quedaría autorizada a ejecutar podría incluir renegociación de plazos, tasas de interés y montos con acreedores multilaterales que concentran 69.4% del portafolio según el BCH, organismos como BID, Banco Mundial y CAF que típicamente aceptan reprofilar pasivos cuando países enfrentan crisis fiscales que amenazan sostenibilidad.
El contexto de la emergencia incluye que el gobierno heredó deuda flotante de 24,100 millones de lempiras más 3,400 millones adeudados a constructores, mientras enfrenta embargos de 3,300 millones en primeros 15 días que el ministro Hernández reveló paralizan virtualmente la administración al ser debitados automáticamente los recursos que ingresan dejando gobierno sin capacidad operativa.
La limitación temporal de 24 meses sugiere que gobierno proyecta que este plazo será suficiente para reestructurar 113 instituciones a 78, renegociar deuda pública de 10,736.4 millones de dólares externos más pasivos internos, y establecer sistema de pago programado de sentencias judiciales que actualmente generan miles de demandas según reconoció Asfura.
El mecanismo de control que el proyecto establece deberá especificar cómo funcionará supervisión parlamentaria de facultades extraordinarias, considerando que Transparencia Internacional ubicó a Honduras en posición 157 de 182 países por corrupción mientras ASJ advirtió que «sin reformas profundas la impunidad seguirá siendo la norma» drenando recursos públicos que emergencia fiscal busca proteger.
La exposición de motivos que fundamenta necesidad de emergencia fiscal se basa en crisis heredada que incluye mora bancaria subiendo a 2.6%, algunos bancos sistémicos con capital limitado por debajo del 13%, y sistema que enfrenta desaceleración de remesas que economista Henry Rodríguez estimó podría reducir flujos en 170 millones de dólares por cancelación del TPS afectando capacidad de pago de familias.
El proyecto llega al Congreso en momento donde la presidenta de la CSJ Rebeca Obando advirtió que reformas legislativas tienen «límites constitucionales» cuando afectan independencia del Judicial, aunque esta ley de emergencia fiscal se fundamenta en artículos constitucionales que facultan al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias temporales cuando estabilidad macroeconómica está en riesgo sistémico.
La facultad de perfilar deuda pública otorgada a SEFIN permitiría renegociar no solo pasivos externos sino también internos incluyendo compromisos con ENEE que opera quebrada con deuda de 850 millones de dólares, proveedores del Estado que acumulan 24,100 millones sin cobrar, y constructores con 3,400 millones pendientes desde administración anterior.
