Tegucigalpa, Honduras. – Miles de médicos y docentes hondureños verán congelada la indexación de sus beneficios laborales debido a que la falta de aprobación del Presupuesto General de la República para 2026 impide contemplar el incremento del costo de vida, advirtió la jefa de la carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa.
La académica señaló que operar bajo un esquema prorrogado —utilizando el presupuesto del año anterior— genera un «atraso» que impide mejorar las condiciones en «temas de mejoras hospitalarias, reparaciones de escuelas» y otras inversiones sociales urgentes, al tratarse de un «presupuesto desfasado» que no considera la devaluación y la inflación actual.
«Se ve limitado la estructura presupuestaria porque se queda trabajando con un presupuesto anterior y no se puede ampliar dicho presupuesto», explicó Ochoa, destacando que los sectores de salud e infraestructura resienten especialmente esta situación por la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones.
El Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026 asciende a un monto total de 430,907.8 millones de lempiras, cifra que representa la planificación financiera para la administración que asumirá funciones el 27 de enero, pero que deberá ser aprobado por el nuevo Congreso Nacional y que seguramente será reformulado.
La experta desglosó las repercusiones negativas derivadas de la falta de aprobación, señalando que esta omisión «trasciende lo numérico» para afectar directamente el contrato social y el rumbo económico del país.
«El hecho de que se esté hasta cierto punto normalizando la no aprobación de un presupuesto tal como lo indica la normativa, la ley orgánica, da un mal mensaje a nivel nacional y a nivel internacional», advirtió.
La docente reveló que la revisión de la partida destinada a sueldos y salarios resulta necesaria debido a que esta absorbe cerca del 25% del total de los recursos disponibles, identificando una marcada «rigidez» presupuestaria acentuada por el servicio de la deuda que ya tiene comprometidos más de 77 mil millones de lempiras.
Ochoa explicó que esta herramienta financiera representa el mecanismo anual donde se planifica el sostenimiento de las políticas en salud, educación e infraestructura, pero la operatividad del Estado bajo un esquema prorrogado implica un estancamiento en la gestión gubernamental que ignora las variables económicas actuales del entorno hondureño.
La académica recalcó que el conflicto político entre el oficialismo y la oposición genera una pugna donde la ciudadanía figura como el sector más vulnerable ante la carencia de una planificación financiera actualizada.
No obstante, explicó que las autoridades tienen ahora la oportunidad de adecuar el documento a las necesidades presentes mediante el uso de nuevos indicadores estadísticos provenientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Ochoa puntualizó que un aspecto positivo del proyecto actual es la planificación de más de 104 mil millones de lempiras destinados a la inversión pública que representan aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto.
La especialista recalcó que el enfoque gubernamental en transferencias sociales y subsidios genera dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo ante un posible cambio en las estrategias de la administración entrante. Advirtió que, si bien los ingresos han mejorado, esto «genera una situación no del todo sostenible» dependiendo de la estrategia de cada gobierno.
La entrevistada explicó que la reactivación económica del país requiere una redirección de los fondos hacia áreas capaces de mejorar la competitividad y elevar los niveles de productividad nacional. Sostuvo que se deben «inyectar recursos en esas áreas que son altamente generadoras de empleo» para fomentar la producción real.
La jefa de Banca y Finanzas concluyó que el fortalecimiento de la formación bruta de capital y la inversión productiva constituyen los espacios idóneos para que la erogación de recursos se traduzca finalmente en desarrollo humano. Llamó a las nuevas autoridades a «ofrecerle a la ciudadanía un Presupuesto que genere mayor impacto» para saldar finalmente la deuda social acumulada.
