Tegucigalpa. – La presidenta del Partido Salvador de Honduras (PSH) y diputada, Fátima Mena, ha lanzado una seria advertencia sobre el reciente caso en el que se acusa de terrorismo a tres ciudadanos, sugiriendo que podría ser una estrategia para amedrentar a la ciudadanía y desviar el foco de escándalos de mayor envergadura.
La legisladora se refirió al caso de Arcadio López, Perfecto Enamorado y Antonio Kattan, quienes fueron enviados a la Penitenciaría Nacional acusados de planificar un magnicidio. Mena cuestionó la solidez de las pruebas, afirmando que «un audio no es un medio de prueba fehaciente» para sustentar una acusación de tal magnitud.
“Pareciera más que están tratando de generar una cortina de humo alrededor de un tema como los vínculos de (Nicolás) Maduro con un cartel que opera en toda la región para traficar droga hacia los Estados Unidos”, declaró Mena a Radio Cadena Voces.
Riesgo de Criminalizar la Opinión
Si bien la diputada rechazó cualquier expresión que pueda incitar a la violencia, insistió en la necesidad de diferenciar entre comentarios inapropiados y la comisión de un delito.
“Una cosa es que un comentario no sea apropiado y otra es que ese audio desencadene en un plan de magnicidio”, argumentó. Advirtió que no se deben criminalizar las opiniones emitidas en redes sociales, ya que esto podría sentar un peligroso precedente para la libertad de expresión.
A su juicio, lo que se está gestando es un ambiente de temor en la población. “Me parece que lo que se busca es generar miedo, pero no podemos desconocer que nosotros vivimos en un sistema dictatorial, donde está cooptada la institucionalidad a favor del poder político de turno”, afirmó Mena.
La presidenta del PSH cuestionó la falta de independencia institucional y advirtió que la instrumentalización de la justicia es un riesgo para la democracia. Subrayó que una acusación tan grave como la de terrorismo debe ser analizada con la máxima responsabilidad y estar sustentada en pruebas sólidas e irrefutables.
Finalmente, instó a las autoridades a escuchar las voces de las comunidades de donde provienen los tres acusados y opinó que la sociedad no puede ser marginada de un debate que abre serios cuestionamientos sobre el respeto a las libertades públicas en Honduras.
