Tegucigalpa, Honduras. – Organizaciones feministas hondureñas expresaron este domingo sus profundos temores sobre el futuro de las instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres ante la inminente llegada al poder del presidente electo conservador Nasry Asfura, quien asumirá el cargo este martes tras cuatro años del gobierno de Xiomara Castro.
«Ahora entramos a un gobierno de ultraderecha, con la amenaza de que desaparezcan las instituciones de la mujer y otras de participación ciudadana y de la sociedad civil. Para nosotras es un temor… se nos avecina un futuro muy tenebroso«, declaró a EFE Nubia Casco, de la Plataforma 25 de noviembre, durante la manifestación conmemorativa del Día de la Mujer Hondureña.
Las preocupaciones del movimiento feminista se enmarcan en un contexto alarmante donde Honduras registró 262 feminicidios durante el año pasado, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), evidenciando la persistencia de la violencia machista en el país centroamericano.
Honorina Rodríguez, participante en la movilización, reveló que las organizaciones han mantenido contactos con personas influyentes del nuevo gobierno: «Hemos hablado personalmente con algunas personas con capacidad de influencia y nos han dicho que no se eliminarán, que habrá fusiones y otros cambios. Aún no sabemos realmente qué va a pasar, pero seguimos demandando».
La inquietud de las feministas hondureñas se sustenta en la tendencia regional de recortes a instituciones dedicadas a los derechos de las mujeres. El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, prohibió el uso del «lenguaje inclusivo» en todas las escuelas públicas, mientras que Panamá ha proyectado suprimir el Ministerio de la Mujer como parte de una reestructuración estatal orientada a la reducción del gasto público.
Manifestación bajo fuerte tensión militar
Miles de feministas marcharon este domingo por el centro de Tegucigalpa en una manifestación cargada de tensión debido al masivo despliegue militar que custodiaba los alrededores del Congreso Nacional, donde simultáneamente se instalaba la nueva legislatura parlamentaria.
La protesta, desarrollada bajo el lema «Este día no es de fiesta, es de lucha y resistencia«, se caracterizó por pancartas mostrando rostros de mujeres desaparecidas o asesinadas, batucadas y bengalas moradas, color emblemático del movimiento feminista.
El punto de mayor tensión se produjo cuando las manifestantes intentaron avanzar hacia el Parlamento pero fueron bloqueadas por un fuerte dispositivo militar. Militares y unidades antimotines custodiaban herméticamente los alrededores de la sede legislativa, impidiendo el paso de las protestantes.
Durante los enfrentamientos, algunas manifestantes pintaron los escudos de los militares con sus manos llenas de pintura roja, acción que provocó la reacción de las fuerzas de seguridad, quienes empujaron a las protestantes y rociaron gas pimienta en sus rostros. Pese a estos incidentes, la protesta culminó sin arrestos ni mayores altercados.
Contexto político crítico
La manifestación se desarrolló en un momento político especialmente delicado, coincidiendo con la instalación de la nueva legislatura conservadora y a solo dos días de la investidura presidencial de Asfura, quien llega al poder tras una campaña electoral marcada por denuncias de fraude del partido oficialista saliente.
El cambio de gobierno representa un giro ideológico significativo tras la administración de Xiomara Castro, la primera mujer presidente de Honduras, cuyo gobierno implementó políticas específicas de género que ahora las organizaciones feministas temen ver desmanteladas o debilitadas.
La preocupación del movimiento feminista refleja las tensiones más amplias sobre el futuro de las políticas sociales progresistas en Honduras, donde la llegada de un gobierno conservador genera incertidumbre sobre la continuidad de programas dirigidos a grupos vulnerables y la protección de derechos humanos fundamentales.
El alto índice de feminicidios registrado el año pasado subraya la urgencia de mantener y fortalecer las instituciones dedicadas a la protección de las mujeres, en un país donde la violencia de género constituye una problemática estructural que requiere respuestas integrales del Estado.
