Tegucigalpa – Un nuevo capítulo de tensión entre la prensa y las autoridades militares se desarrolla en Honduras después de que agentes de Interpol buscaran al director del periódico digital hondudiario.com para entregarle una notificación relacionada con una supuesta querella por «injuria con publicidad» presentada por las Fuerzas Armadas.
El incidente comenzó cuando el agente Javier Contreras, de la Unidad Contra los Delitos Informáticos de Interpol, contactó telefónicamente a Arístides Aceituno para entregarle un oficio relacionado con una publicación realizada el 30 de octubre del año pasado. Durante una conversación de aproximadamente 12 minutos, los agentes solicitaron información sobre la fuente de la publicación, petición que Aceituno rechazó amparándose en el derecho a la protección de fuentes periodísticas.
«No puedo revelar quién proporcionó la información, es un derecho proteger la fuente», declaró Aceituno, quien además expresó preocupación por lo que considera un acto de intimidación contra el ejercicio periodístico. El director manifestó temor por su seguridad y la de su familia, responsabilizando directamente al alto mando militar, dirigido por el general Roosevelt Hernández, de cualquier incidente que pudiera ocurrirle.
La situación presenta irregularidades notables: según una fuente oficial del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Comunes, hasta las 9:10 de la noche del viernes no existía registro alguno de la querella mencionada. Además, expertos cuestionan la competencia legal de Interpol para realizar estas diligencias, especialmente considerando que una publicación periodística no constituye un delito informático según las definiciones legales y técnicas.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) ha manifestado su respaldo a Aceituno, coincidiendo en que las acciones emprendidas por las Fuerzas Armadas representan una forma de intimidación al ejercicio periodístico. La controversia ha generado especial atención debido al timing de la investigación, iniciada tres meses después de la publicación original.
La Policía Nacional emitió un comunicado confirmando la acción, pero la discrepancia entre esta confirmación y la ausencia de registro en la Fiscalía de Delitos Comunes ha aumentado las preocupaciones sobre la naturaleza y legitimidad del proceso.
