Tegucigalpa – La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional enfrentan un punto de inflexión este fin de semana al concluir el régimen de excepción que durante dos años les otorgó facultades extraordinarias para combatir el crimen organizado.
La medida, que se extendió por última vez del 21 de noviembre de 2024 al 5 de enero de 2025, no será renovada por decisión del Congreso Nacional.
Mientras el gobierno ha defendido la efectividad de esta estrategia, argumentando una reducción en los índices de homicidios y extorsiones, las voces críticas pintan un panorama diferente.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha documentado 700 quejas durante la vigencia de estas medidas, evidenciando un preocupante patrón de abusos que incluyen casos de tortura, agresiones sexuales, desapariciones y asesinatos perpetrados bajo el amparo de estos «súper poderes» otorgados a las fuerzas de seguridad.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, ha señalado que la extorsión continúa siendo uno de los principales detonantes del desplazamiento forzado interno.
Comerciantes, transportistas y pequeños emprendedores siguen abandonando sus negocios y comunidades ante las amenazas persistentes, cuestionando la eficacia real de las medidas implementadas.
Un reportaje desarrollado en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas sobre Democracia y Autoritarismo en Centroamérica revela la ausencia de evidencia estatal que respalde el éxito del estado de excepción en su objetivo principal de erradicar las extorsiones pandilleras y reducir la violencia.
La conclusión de esta medida extraordinaria plantea nuevos desafíos para las autoridades hondureñas, que deberán reformular sus estrategias de seguridad bajo el marco constitucional regular.
El Conadeh ha instado a la implementación de políticas de seguridad con enfoque en derechos humanos, sugiriendo que las soluciones a largo plazo requieren un abordaje más integral que la simple suspensión de garantías constitucionales.
