Donald Trump ha dicho más de una vez que la única forma de inmigrar a Estados Unidos y evitar la deportación es hacerlo por la vía legal. Pero ni siquiera eso es un freno para él.
Por El País
Este martes, 532.000 venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos que entraron legalmente en el país durante la Administración de Joe Biden se convertirán en indocumentados. El Gobierno de Estados Unidos suprimirá el estatus legal conocido como parole humanitario y las visas de trabajo de los beneficiarios y sus familiares, a quienes se les dan unas semanas para autodeportarse y abandonar el país. Si no lo hacen antes de 30 días, se expondrán a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Desde que Trump llegó al poder hacer dos meses, ningún migrante puede estar tranquilo. El parole humanitario —previsto para países en situación de conflicto o crisis social, político o económica— comenzó en 2022 y blindaba a los beneficiados de la deportación. La mayoría podía tramitar una extensión del permiso cuando vencía o solicitar otro tipo de estatus o asilo para permanecer en Estados Unidos. Hasta el 22 de enero, se le había concedido a medio millón de personas a los que ahora el presidente considera “inadmisibles”.
Detrás de los números están la vida de familias y personas que lo dejaron todo atrás para llegar a un país que les abrió la puerta y ahora los considera indignos de seguir en él. Unos planean irse para evitar el riesgo de una detención, otros pretenden esconderse, algunos se encomiendan a los jueces para que frenen este nuevo atropello contra la migración y los hay que ni se plantean la idea de regresar a su país.
