Tegucigalpa, Honduras. – La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños en Estados Unidos no solo abre un escenario migratorio complejo, sino también un desafío económico para Honduras por la posible caída en el envío de remesas.
El economista Santiago Herrera advirtió que el país podría dejar de recibir hasta 380 millones de dólares si se concreta el retorno de compatriotas que durante años han contribuido a sostener a sus familias mediante el dinero enviado desde territorio estadounidense.
La cifra representa una alerta para una economía donde las remesas tienen un peso determinante en el consumo de miles de hogares y en el movimiento de la actividad económica nacional.
En 2025, las remesas enviadas a Honduras ascendieron a 12 mil 100 millones de dólares, según los datos citados.
Para Herrera, una reducción de ese flujo tendría efectos directos en las familias receptoras, especialmente en aquellas que dependen de estos ingresos para cubrir alimentación, vivienda, educación, salud y otras necesidades básicas.
El impacto no se limitaría al ámbito familiar.
La disminución de remesas también podría sentirse en el comercio, los servicios y otros sectores que se dinamizan con el consumo financiado por esos recursos.
El economista señaló que el eventual retorno de beneficiarios del TPS obligará al país a preparar condiciones reales de reinserción.
Esto implica generar nuevas oportunidades laborales, productivas y de emprendimiento para que los hondureños que regresen puedan incorporarse a la economía nacional.
El reto es evitar que el retorno se traduzca en más desempleo, informalidad o vulnerabilidad para familias que durante años construyeron su estabilidad económica alrededor del trabajo realizado en Estados Unidos.
La cancelación del TPS mantiene en incertidumbre a miles de hondureños que han vivido bajo este mecanismo de protección migratoria y que ahora enfrentan la posibilidad de ordenar su salida o buscar otras alternativas legales.
En Honduras, el escenario exige una respuesta que vaya más allá de la recepción de retornados.
Sectores económicos consideran necesario diseñar estrategias que permitan aprovechar las capacidades, conocimientos y experiencia laboral de los compatriotas que podrían regresar.
La reinserción productiva aparece así como una tarea urgente para el Gobierno, que tendría que impulsar programas de empleo, financiamiento, capacitación y apoyo a emprendimientos.
De no hacerlo, el país enfrentaría una doble presión: menos ingresos por remesas y más personas buscando oportunidades en un mercado laboral que ya presenta limitaciones.
La advertencia de Herrera coloca el tema en una dimensión más amplia.
El fin del TPS no solo afecta el estatus migratorio de miles de hondureños en Estados Unidos, sino que también puede modificar el ingreso de sus familias en Honduras y reducir una de las principales fuentes de divisas del país.
La clave, según el análisis económico, será anticiparse al impacto.
Si el retorno de compatriotas se produce sin una estrategia de absorción laboral y productiva, la cancelación del TPS podría convertirse en un golpe para la economía familiar, el consumo interno y la estabilidad de comunidades enteras que dependen de las remesas.
