Tegucigalpa, Honduras. – El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, advirtió que Honduras no puede continuar sosteniendo un déficit superior al 25 % derivado de la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por lo que consideró urgente impulsar una transformación estructural del sistema energético.
El funcionario señaló que la deuda acumulada y las pérdidas constantes de la estatal han llegado a un punto insostenible, obligando al país a modernizar el funcionamiento de la empresa, reformar el mercado eléctrico y cambiar la matriz energética.
“Tenemos que cambiar la matriz del mercado, cambiar el sistema de trabajo y modernizarlo dentro de la ENEE para poder rescatarlo. La reforma energética va a cambiar la economía de nuestro país”, manifestó Hernández Hércules.
El titular de Finanzas aseguró que el proceso de reforma será ampliamente discutido en el Congreso Nacional, bajo principios de transparencia y franqueza, y reiteró que la ENEE continuará siendo propiedad del Estado hondureño.
Hernández destacó además el respaldo de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros, que han validado la ruta planteada por el Gobierno y apoyan financieramente distintas iniciativas vinculadas al sector.
No obstante, aclaró que el problema estructural de la ENEE no se resolverá únicamente con una ley, sino mediante acciones integrales orientadas a reducir pérdidas, mejorar la infraestructura y fortalecer el sistema de transmisión eléctrica.
En ese sentido, detalló que al menos cinco líneas de transmisión requieren inversiones superiores a los 130 millones de dólares, además del reforzamiento del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).
El ministro reconoció que la reforma energética es un tema que trascenderá gobiernos, ya que no basta con aprobar un decreto legislativo si no se aplican estrategias sostenidas para atacar las pérdidas de la estatal.
Hernández también enfatizó la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para atraer inversión, incluyendo seguridad jurídica, económica, ciudadana y política.
A su criterio, la estabilidad política es un factor clave para recuperar confianza, luego de que en el pasado la incertidumbre provocara la salida de inversionistas del país.
En materia presupuestaria, explicó que los recursos están contemplados dentro del Presupuesto General de 444 mil millones de lempiras, aunque recordó que el Congreso Nacional tiene la facultad de ordenar modificaciones mediante decretos legislativos.
Asimismo, indicó que el Gobierno espera la aprobación de nuevos préstamos internacionales destinados a inversión y no a gasto corriente.
Entre esos financiamientos mencionó recursos que serán discutidos próximamente por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) el 22 de julio en México, los cuales, según remarcó, deberán utilizarse exclusivamente para inversión.
El ministro también se refirió a la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, cuya aprobación consideró clave para fortalecer la transparencia del sistema financiero y cumplir con estándares internacionales.
Explicó que esta normativa permitirá identificar a los verdaderos propietarios de empresas y transacciones, en línea con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Hernández Hércules expresó su expectativa de que esa ley sea aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional.
Sobre el impacto económico de la crisis energética, el funcionario advirtió que las pérdidas de la ENEE ascienden a unos 1,300 millones de lempiras mensuales, equivalentes a más de 16 mil millones de lempiras anuales, una carga que termina siendo asumida por los contribuyentes.
En cuanto a la reducción de la pobreza, sostuvo que dependerá de la ejecución integral del plan de gobierno, combinando desarrollo económico con políticas sociales sostenibles.
El ministro insistió en que rescatar la ENEE no solo es un desafío técnico o financiero, sino una decisión estratégica para estabilizar la economía nacional, liberar recursos públicos y construir un sistema energético más confiable para hogares, empresas e inversionistas.
