Tegucigalpa, Francisco Morazán. – El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, negó que el proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano contemple la declaratoria de una emergencia fiscal, al afirmar que la iniciativa se limita a autorizar acciones administrativas y financieras que serán ejecutadas por el gobierno del presidente Nasry Asfura.
El funcionario enfatizó que el decreto no plantea medidas extraordinarias de emergencia, sino la reorganización del Estado, incluyendo una reducción significativa del aparato burocrático, que pasaría de 113 a 78 instituciones, como parte de un proceso de racionalización del gasto público.
Hernández Hércules explicó que uno de los principales objetivos de la ley es proteger la caja única del tesoro, la cual, según detalló, ha sido afectada por embargos judiciales que en los últimos cinco años sumaron 10 mil millones de lempiras, con un promedio anual de 2 mil millones.
Indicó que, solo en los primeros diez días de la actual administración, los embargos superaron los 3 mil millones de lempiras, situación que motivó la inclusión de mecanismos de resguardo financiero en el decreto.
Asimismo, señaló que la iniciativa busca agilizar la conciliación de demandas laborales acumuladas en los juzgados de trabajo, relacionadas con exempleados del sector público que reclaman salarios caídos, ajustes salariales no percibidos y, en algunos casos, el reintegro a sus cargos.
“El propósito es dinamizar estos procesos para alcanzar conciliaciones que beneficien tanto a los trabajadores como al Estado, cuidando los recursos públicos”, sostuvo el ministro.
Finalmente, Hernández Hércules solicitó el respaldo de todas las bancadas del Congreso Nacional para la aprobación de la ley y garantizó que cualquier reducción del aparato estatal se realizará respetando los derechos laborales, incluyendo el pago de cesantías y prestaciones a los empleados que sean separados de sus funciones.
