«Existen motivos razonables que permiten creer que el líder supremo de los talibanes, Hibatulá Akhundzada, y el presidente de la Corte Suprema del ‘emirato islámico de Afganistán’, Abdul Hakim Haqani, tienen responsabilidad penal por el crimen de lesa humanidad de persecución por género», afirmó Karim Khan en un comunicado.
Por DW
Según el fiscal, «las mujeres y las niñas afganas, así como los miembros de la comunidad LGTBQI+, afrontan una persecución inadmisible, sin precedentes y continuada por parte de los talibanes».
«Nuestra acción envía el mensaje de que el statu quo no es aceptable para las mujeres y niñas de Afganistán», enfatizó. Los jueces de la CPI, con sede en La Haya, examinarán ahora el pedido del fiscal para decidir si emiten o no órdenes de arresto. Un proceso que llevará semanas o meses.
La CPI, competente en crímenes de de guerra y de lesa humanidad, no dispone sin embargo de su propia fuerza policial, por lo que depende de la buena voluntad de sus 125 países miembros para ejecutar las órdenes de arresto.
La ONU denuncia un auténtico «apartheid de género»
Tras recuperar el poder en Afganistán en agosto de 2021, los talibanes prometieron inicialmente mostrarse más flexibles con las mujeres que durante su primer período al frente del país, entre 1996 y 2001.
Sin embargo, progresivamente, los islamistas impusieron una letanía de restricciones a las mujeres, al punto que la ONU denuncia la existencia de un auténtico «apartheid de género».
Actualmente, las mujeres afganas no pueden acceder a la universidad ni a la educación secundaria, no pueden ir a parques, ni a gimnasios, ni a salones de belleza.
Una ley les prohíbe cantar y declamar poesía, en virtud, como las demás directrices, de una visión ultrarrigorista de la ley islámica. Igualmente las obliga a cubrir sus cuerpos cuando salen de casa. Algunas radios y televisiones locales han dejado incluso de emitir voces femeninas.
El fiscal de la CPI sostuvo a propósito que «la interpretación que los talibanes hacen de la sharía no puede usarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales».
El Gobierno talibán dice que la ley islámica «garantiza» los derechos de las mujeres y que estas críticas no tiene fundamento.
El emir Akhundzada vive prácticamente recluido en su feudo de Kandahar, bastión de los talibanes en el sur de Afganistán, y sólo aparece en público en muy contadas ocasiones.
