Tegucigalpa, Honduras. – La defensa del Fiscal General Johel Zelaya advirtió que la querella interpuesta por la consejera del CNE Cossette López sentaría precedente peligroso que impediría a fiscales auxiliares brindar cualquier tipo de información sobre casos o investigaciones, presentando recurso de nulidad ante la Sala de lo Constitucional para desestimar la denuncia por calumnia y revelación de secretos.
«Advirtió que esta querella abre la puerta que ningún fiscal auxiliar brinde algún tipo de información sobre los casos o investigaciones», señaló la abogada Noelia Martínez tras solicitar audiencia Ad-Hoc conforme al principio de inocencia, argumentando que hechos señalados «carecen de delitos» cometidos.
La profesional del derecho argumentó que el Fiscal General está facultado a proporcionar cualquier tipo de información porque posee la titularidad del Ministerio Público y que casos pueden estar en secretividad, estableciendo que pronunciamientos públicos de Zelaya sobre investigaciones forman parte de atribuciones legales del cargo versus violación de confidencialidad.
El juez designado programó para el lunes 16 de marzo a las 9:00 AM la audiencia de conciliación entre la consejera López y el Fiscal General, instancia donde partes intentarán resolver controversia antes de que caso avance a etapa judicial que podría derivar en juicio por delitos que Martínez sostiene no existen.
López denunció a Zelaya por calumnia y revelación de secretos alegando en la querella que actuó con «absoluta parcialidad» y «violó principios de objetividad» al pronunciarse públicamente sobre caso en curso sin que existan pruebas formales en su contra, difamándola y prejuzgándola en el marco de divulgación de audios de supuesta conversación con el entonces jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
La defensa «plantea la nulidad con todos los fundamentos específicos» por los que no debería prosperar la querella, señaló Martínez estableciendo que recurso busca que tribunal declare inadmisible la acción penal antes de que avance a etapas procesales que comprometerían al Fiscal General en litigio que su defensa califica como infundado jurídicamente.
