Tegucigalpa, Honduras – El Fiscal General de la República, Johel Zelaya, reiteró este miércoles su compromiso con la institucionalidad democrática y anunció el inicio inminente de acciones judiciales para investigar las supuestas irregularidades ocurridas durante el proceso electoral del 30 de noviembre, tras la emisión de la declaratoria oficial completa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado martes 30 de diciembre.
A través de su cuenta personal en la red social X, Zelaya publicó un mensaje en el que subrayó que el Ministerio Público actuó con “responsabilidad constitucional y absoluto respeto al orden democrático” al no intervenir ni interrumpir ninguna etapa del proceso electoral.
“Sin embargo, una vez emitida la declaratoria oficial, informo que próximamente se realizarán acciones judiciales que permitan esclarecer y exponer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el proceso electoral”, escribió textualmente.
El Fiscal General enfatizó que ningún acto que atente contra la voluntad popular —y, por ende, contra la soberanía nacional— quedará en la impunidad.
“Se establecerá un precedente en la historia del país para que no se repitan prácticas vergonzosas que lesionen la democracia y el Estado de derecho”, afirmó, en una declaración que anticipa una oleada de investigaciones contra funcionarios, partidos políticos o actores que, según el ente acusador, hayan obstaculizado o manipulado el proceso.
Su anuncio se produce en un momento de alta tensión postelectoral, tras la proclamación de Nasry “Tito” Asfura como presidente electo y la definición de la composición del Congreso Nacional y las 298 corporaciones municipales.
Aunque Zelaya no especificó qué casos o personas serán investigadas, su mensaje refuerza la expectativa de una rendición de cuentas institucional que podría incluir a altos funcionarios, miembros del CNE, líderes partidarios o militares, en línea con las denuncias previas sobre boicots logísticos, presiones ilegítimas y obstrucción deliberada durante el escrutinio.
La Fiscalía ha sido señalada en el pasado por sectores del oficialismo como cómplice del gobierno entrante, pero con esta declaración, Zelaya busca proyectar una imagen de independencia técnica y defensa del orden constitucional, más allá de lealtades partidistas.
