Tegucigalpa, Honduras. – El Fiscal General de la República, Johel Zelaya, reaccionó este martes a la publicación de un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), calificándolo de «superfluo».
Al mismo tiempo, clamó por el respaldo de la sociedad para combatir la corrupción, en un momento en que su gestión es fuertemente cuestionada.
En una llamada telefónica al noticiero TN5, Zelaya respondió a la ola de críticas que lo acusan de activar casos que afectan a candidatos opositores a menos de tres meses de las elecciones generales, mientras supuestamente ignora denuncias contra el oficialismo.
«Investigo casos de corrupción sin distingos de colores políticos», aseguró el fiscal. Para respaldar su afirmación, detalló que el Ministerio Público trabaja en casos de alto perfil que involucran tanto a la administración actual como a las anteriores.
Mencionó específicamente la investigación sobre la Tasa de Seguridad, el polémico «narcovideo» en el que aparece Carlos Zelaya (cuñado de la presidenta Xiomara Castro) presuntamente negociando contribuciones de campaña en 2013, y videos con imputaciones contra el diputado Mauricio Villeda y el general retirado Romeo Vásquez.
Al ser cuestionado sobre la aparente lentitud en los casos de presunta corrupción del gobierno actual, Zelaya volvió a referirse al «narcovideo», argumentando que es un caso complejo cuyas evidencias aparecieron una década después, por lo que necesita encontrar «elementos claves de prueba» para poder avanzar.
«El fiscal clamó el apoyo de la sociedad para investigar casos de corrupción», se reiteró durante su intervención.
La reacción de Zelaya se produce un día después de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal por un caso de corrupción en la alcaldía de San Pedro Sula, que involucra al yerno del alcalde y candidato a la reelección, Roberto Contreras.
Este hecho provocó que destacados líderes liberales y de oposición acusaran al MP de tener «tintes políticos» y de practicar la «judicialización de la política».
