Tegucigalpa — El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, enfatizó este miércoles la necesidad de derogar el decreto 04-2022, conocido como la Amnistía Política o Pacto de Impunidad, que ha beneficiado a exfuncionarios acusados de corrupción.
“es una ley y hay que entenderlo, deróguenla y hablamos, sencillo”, dijo Zelaya en una conferencia de prensa, instando al Congreso Nacional a actuar para eliminar esta legislación.
En contexto de la próxima reunión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), programada para el viernes, donde se discutirán temas críticos como las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) y la amnistía política, Zelaya expresó su preocupación por la integración de suplentes en el pleno que podrían influir en la decisión a favor de ciertos exfuncionarios.
El Fiscal General también se refirió al reciente asesinato del ambientalista Juan López en Colón, un caso que ha resonado profundamente en la comunidad. Zelaya informó que ha intensificado los esfuerzos de investigación enviando dos fiscales adicionales para unirse al equipo en el Bajo Aguán.
“Quien lucha por el ambiente, lucha por la vida. Estamos comprometidos a llevar ante la justicia a los responsables de este crimen atroz”, aseguró.
Respondiendo a declaraciones recientes del padre Carlos Orellana, quien acusó al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por el crimen de López, Zelaya subrayó la importancia de fundamentar las acusaciones con pruebas concretas. “Las redes sociales no son tribunales.
Necesitamos pruebas sólidas para actuar”, puntualizó, añadiendo que el Ministerio Público está abierto a recibir cualquier evidencia que contribuya a la resolución del caso.
Además, Zelaya desestimó la presión mediática y de ciertas figuras públicas, reiterando que su administración no se dejará influenciar por intereses externos. «No importa si las críticas o presiones provienen de figuras eclesiásticas o políticas; todos somos iguales ante la ley y mi oficina procederá con rigor y objetividad», declaró.
Finalmente, el Fiscal General criticó ciertas disposiciones del Código Penal que, en su opinión, impiden la equidad en el tratamiento judicial, como el artículo 227 que regula específicamente cómo y cuándo un fiscal puede interrogar a ciertos sospechosos.
“Este artículo debe ser derogado para asegurar que todos los hondureños sean iguales ante la ley”, concluyó.
El encuentro de hoy con la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, marca un momento crucial donde el Fiscal General busca fortalecer la colaboración entre el poder judicial y el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
