Tegucigalpa – El Fiscal General de Honduras, Johel Antonio Zelaya, ha presentado este martes un requerimiento fiscal contra el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, y una decena de exfuncionarios, acusándolos de orquestar un fraude en el desarrollo de un proyecto habitacional destinado a más de 10 mil familias hondureñas.
La acusación, radicada en el Juzgado de Letras especializado en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, también incluye a figuras clave como Zonia Margarita Morales, expresidenta de Coalianza, y Lizeth Guadalupe Villatoro, delegada de una institución bancaria.
Según el requerimiento, Díaz, quien presidía el consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP), lideró una estructura criminal que defraudó al Estado por 294 millones de lempiras a través del proyecto «Residencial Morazán». Entre los delitos imputados figuran asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta.
La Fiscalía ha solicitado órdenes de captura tanto nacionales como internacionales y ha pedido la activación de alertas migratorias para todos los implicados. El Fiscal General Zelaya expresó su confianza en que el circuito anticorrupción del Poder Judicial logrará una condena ejemplar que disuada futuros actos de corrupción.
«No queremos jueces timoratos y que busquen caminos alternos para liberar delincuentes, traemos suficientes pruebas en este caso», afirmó Zelaya.
En respuesta a la situación de Ebal Díaz, quien actualmente reside en Nicaragua, Zelaya indicó que se valdrán de medios diplomáticos para asegurar su comparecencia ante la justicia hondureña.
Esta acción marca un momento crítico en la lucha contra la corrupción en Honduras y subraya el compromiso del Ministerio Público con la justicia y la transparencia.
