Tegucigalpa – Una nueva controversia sacude al sistema judicial hondureño tras conocerse un memorando con fecha del 19 de marzo, mediante el cual el fiscal general Johel Zelaya ordena que todos los expedientes finalizados sean remitidos al subdirector de fiscales, Víctor Migdonio Carrasco, antes de la presentación de requerimientos fiscales.
Esta disposición ha generado preocupación entre diversos sectores, pues en la práctica disminuye significativamente las atribuciones del director de fiscales, Juan Carlos Sánchez Villalobos, quien tradicionalmente supervisaba este proceso crítico en el sistema de justicia.
«Desvío y exceso de poder»
El analista político Oliver Erazo, durante su intervención en el noticiero Hoy Mismo, calificó esta acción como un claro ejemplo de «desvío y exceso de poder», sugiriendo que forma parte de una estrategia más amplia para controlar los mecanismos judiciales del país.
«Esto es parte de la articulación del plan, esto es parte de lo que se conoce en español como ‘guerra de juicios’, esto sucede cuando se instrumentalizan los órganos operadores de justicia», explicó Erazo durante su análisis.
Según el experto, esta reorganización busca principalmente eliminar obstáculos institucionales que podrían cuestionar la solidez de los expedientes o solicitar investigaciones adicionales antes de proceder con acciones legales.
«Lo que requiere el Ministerio Público es tener el control absoluto del fiscal general para echar a andar los requerimientos fiscales y no tener el filtro del director de fiscales que le pueda decir ‘este expediente no está terminado’ o ‘este expediente le hace falta un proceso de investigación’ o ‘todavía no es sólido'», precisó.
Preocupación por la independencia judicial
La decisión ha levantado interrogantes sobre la verdadera independencia del Ministerio Público y la posibilidad de que se esté utilizando como instrumento político. En palabras de Erazo, esta reestructuración busca colocar en posiciones clave a personas afines al partido gobernante.
«Simple y sencillamente estorba el director de fiscales y necesitamos al achichincle, al del partido mío que me pueda servir y pasar esos expedientes cuando yo le digo, cuando yo le chasqueo la mano para presentar los requerimientos fiscales y tener un control de la acción penal en los juzgados de la República», afirmó el analista, sugiriendo que el objetivo último sería «intimidar, sembrar miedo y zozobra a través del Ministerio Público».
Advertencia sobre el futuro institucional
Erazo también lanzó una advertencia contundente sobre las posibles implicaciones de esta medida para el futuro de la institucionalidad hondureña, calificándola como «una pequeña demostración de lo que es capaz el socialismo y el off fire o la guerra de juicios».
El analista enfatizó que este tipo de acciones podrían tener consecuencias graves para el Estado de derecho si no se les pone freno, especialmente cuando «la oposición deja caminar este tipo de virosis» que eventualmente termina «en perjuicio de la institucionalidad».
Esta controversia surge en un momento particularmente delicado para Honduras, donde diversas instituciones enfrentan cuestionamientos sobre su imparcialidad y compromiso con el Estado de derecho, como se ha evidenciado recientemente en la crisis electoral tras las primarias del 9 de marzo.
La reorganización dentro del Ministerio Público podría representar un episodio más dentro de una tendencia más amplia hacia la concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos institucionales en el país centroamericano, situación que diversos expertos han señalado como una amenaza para su frágil democracia.
