Tegucigalpa, Honduras. – El Procurador General, Dagoberto Aspra, reveló que el Ministerio Público no podrá investigar el uso de 310 mil dólares de fondos públicos que el exprocurador Manuel Díaz Galeas utilizó para pagar defensa personal, porque el propio Fiscal General figura como parte demandada y también habría sido beneficiado con la defensa pagada con recursos del Estado.
«Este Ministerio Público no va a actuar en ese caso. Tenemos que valorar a qué otra entidad presentar la denuncia para que se deduzcan responsabilidades«, sostuvo Aspra evidenciando conflicto de interés que impide al ente investigador actuar cuando su titular está involucrado como beneficiario de la irregularidad.
Según Aspra, el 26 de enero cuando Díaz Galeas aún ocupaba el cargo, firmó contrato con un bufete estadounidense por 310 mil dólares pagados de forma anticipada con recursos de la Procuraduría General de la República, apenas un día antes de que concluyera su mandato el 27 de enero.
El objetivo del contrato era que el despacho legal presentara una moción para desestimar una demanda civil interpuesta por un ciudadano norteamericano o solicitar traslado del caso a la ciudad de Washington, gestiones que Aspra considera desproporcionadas versus el monto pagado.
El actual procurador explicó que la demanda no iba dirigida contra el Estado de Honduras, sino contra funcionarios a título personal incluyendo al propio exprocurador, al fiscal general y a otros miembros del gabinete del gobierno anterior de la expresidenta Xiomara Castro.
«Estamos ante un caso de total abuso. Sacaron dinero de las arcas del Estado para pagar abogados que defendieran una causa estrictamente personal«, afirmó Aspra señalando que recursos públicos destinados legalmente a defender intereses del Estado fueron desviados para proteger a funcionarios en capacidad privada.
Aspra advirtió que existen indicios de sobrevaloración en los honorarios legales, ya que el monto pagado sería desproporcionado para el tipo de gestiones realizadas. «Preliminarmente se percibe que los valores están inflados. Estamos haciendo verificaciones en Estados Unidos sobre cuánto cobran realmente los abogados por este tipo de acciones», indicó.
El Procurador General no descartó solicitar el apoyo de agencias estadounidenses para rastrear la ruta del dinero. «Estamos evaluando que una agencia de Estados Unidos se involucre para ayudarnos a seguir el flujo de los fondos y determinar posibles irregularidades adicionales», concluyó.
La situación resulta delicada porque el principal ente investigador de Honduras —el Ministerio Público— está inhabilitado para actuar por el conflicto de interés que representa que su titular el Fiscal Johel Zelaya figure como demandado y beneficiario de la defensa financiada irregularmente con fondos públicos.
Aspra deberá identificar otra entidad con capacidad legal de investigar y procesar el caso, considerando opciones como la Contraloría General, el Tribunal Superior de Cuentas o incluso cooperación internacional mediante agencias estadounidenses que puedan rastrear el destino de los 310 mil dólares transferidos al bufete.
El caso es considerado uno de los más graves señalamientos de uso indebido de recursos públicos en el pasado gobierno, sumándose a escándalos como el nombramiento de Carla Paredes con 105 mil lempiras mensuales y las contrataciones irregulares anuladas por Servicio Civil que «repartieron nombramientos como piñatas».
La firma del contrato el 26 de enero —apenas horas antes de concluir su mandato— evidencia premeditación de Díaz Galeas aprovechando últimas horas en el cargo para comprometer fondos públicos en defensa personal, patrón de actuación de último momento que caracterizó final de administración Castro según ha documentado el nuevo gobierno.
