Tegucigalpa, Honduras. – El Fiscal General Johel Zelaya removió a Luis Javier Santos de la jefatura de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), asignándolo a la Escuela de Formación «Orlan Chávez» por seis meses como parte de «reestructuración» para que con su «amplia experiencia» colabore en «fortalecimiento académico a nivel nacional», mientras nombró sustituto con «amplias y comprobadas capacidades» en investigación de delitos de corrupción.
«En aras de fortalecer y dar mayor dinamismo al Ministerio Público en la lucha contra corrupción e impunidad, he asignado al fiscal Luis Javier Santos a la Escuela de Formación Orlan Chávez», indicó Zelaya en sus redes sociales, justificando cambio como medida para que Santos refuerce capacidades de fiscales en fiscalías regionales y locales para «perseguir corrupción en todas sus formas».
«Asimismo, he encomendado la jefatura de UFERCO a otro fiscal con amplias y comprobadas capacidades en investigación de delitos de corrupción», señaló Zelaya, sin revelar identidad del nuevo jefe de la unidad especializada responsable de investigar redes de corrupción de alto nivel que han involucrado a funcionarios, políticos y empresarios en casos sensibles.
El cambio ocurre días después de que Zelaya afirmara que no le preocupa someterse a eventual juicio político, declarando estar «listo para irme mañana» del MP o hasta el 28 de febrero de 2029 cuando finaliza su mandato, en contexto donde la vicepresidenta electa ha promovido su destitución y sectores políticos cuestionan inacción en casos sensibles como Sedesol.
«No me preocupa un juicio político, estoy listo para irme mañana del MP o el 28 de febrero de 2029, a muchos les incomoda la manera en que estamos actuando, pero no vamos a retroceder en la lucha contra la corrupción», señaló el fiscal, posicionándose como funcionario dispuesto a sacrificar cargo antes que ceder a presiones de sectores investigados.
La remoción de Santos de UFERCO —unidad clave en investigación de casos de alto impacto— mediante asignación a Escuela de Formación representa cambio significativo en estructura anticorrupción del MP en momento donde Zelaya enfrenta presiones contradictorias: oficialismo que lo impulsó versus gobierno entrante de Asfura cuya vicepresidenta promueve su juicio político.
El timing del cambio —a 13 días de transición gubernamental— genera interrogantes sobre si remoción de Santos responde a reestructuración técnica genuina o a ajustes políticos anticipando nuevo gobierno, considerando que Zelaya reconoció que «hay 128 diputados» que pueden definir futuro del MP y que debe recalibrar comportamiento ante Congreso dominado por nacionalistas-liberales.
La asignación a Escuela de Formación por 6 meses representa periodo temporal específico que coincide con primeros meses de gobierno de Asfura, sugiriendo que Santos podría retornar a funciones operativas una vez definida relación entre nuevo gobierno y MP, o que cambio es preparatorio para salida definitiva si Zelaya es destituido mediante juicio político.
La justificación de usar «amplia experiencia» de Santos para fortalecer académico contrasta con necesidad de mantener liderazgo experimentado en UFERCO que investiga casos complejos de corrupción, generando percepción de que remoción podría responder a presiones políticas más que a necesidades técnicas de reestructuración anticorrupción.
El silencio sobre identidad del nuevo jefe de UFERCO impide evaluar si sustituto posee efectivamente «comprobadas capacidades» superiores a Santos, o si cambio representa debilitamiento de unidad mediante nombramiento de fiscal menos experimentado o más susceptible a presiones políticas en casos sensibles.
La reestructuración ocurre mientras Zelaya enfrenta cuestionamientos por ritmo de investigaciones, habiendo defendido que casos tardan «10, cinco años, tres años» y rechazando acusaciones sobre inacción en Sedesol, prometiendo que «va a haber justicia» cuando investigaciones estén terminadas, aunque sin especificar plazos concretos.
El desafío público al juicio político —«estoy listo para irme mañana»— combinado con remoción de jefe de UFERCO configura estrategia donde Zelaya proyecta firmeza ante presiones mientras ejecuta ajustes internos que podrían interpretarse como preparación para escenario de destitución o adaptación a nueva realidad política bajo gobierno de Asfura.
La remoción de Santos representa cambio en unidad que ha investigado casos de corrupción de alto nivel durante administración de Castro, generando incertidumbre sobre si nuevo liderazgo de UFERCO mantendrá líneas de investigación existentes o si reestructuración implica reorientación de prioridades anticorrupción bajo nuevo gobierno que asume el 27 de enero.
