Tegucigalpa – La tensión entre el Ministerio Público y el máximo tribunal de justicia alcanzó un nuevo nivel este lunes cuando el Fiscal General realizó una visita sorpresa a las instalaciones de la CSJ.
Durante su comparecencia, Zelaya dejó clara su determinación de romper con lo que describió como un «sistema de justicia selectiva» que favorece solo a unos pocos.
«De ser necesario vamos a enfrentarnos ante la Corte Suprema de Justicia para que le dé respuestas a este pueblo», declaró Zelaya, marcando un precedente en la historia reciente de las relaciones institucionales del país.
La confrontación se intensifica en medio de acusaciones de persecución política, las cuales el Fiscal General rechazó categóricamente, calificándolas como «una grosería al pueblo».
Zelaya defendió la integridad de las investigaciones del Ministerio Público, asegurando que estas se basan en evidencias y no en motivaciones ideológicas.
Entre las revelaciones más impactantes de su comparecencia, el Fiscal General anunció la existencia de una denuncia formal contra un magistrado, que será investigada «sin importar las consecuencias».
Además, señaló irregularidades detectadas durante la pandemia de Covid-19, donde según sus palabras, decisiones erróneas de funcionarios resultaron en pérdidas de vidas y contratos lesivos para el Estado.
La agenda anticorrupción del Ministerio Público se fortalece con la reciente reunión entre Zelaya y el fiscal de UFERCO, Luis Javier Santos, donde se discutieron casos que próximamente se convertirán en requerimientos fiscales.
El Fiscal General concluyó su intervención con un mensaje conciliador hacia los abogados privados, reconociendo su labor profesional, pero manteniéndose firme en su compromiso de buscar justicia sin distinción de rangos o posiciones.
Esta nueva etapa en la lucha contra la corrupción marca un momento crucial en la historia judicial del país, donde la tradicional deferencia entre poderes del Estado parece dar paso a un enfoque más confrontativo en la búsqueda de justicia.
