Tegucigalpa – El Fiscal General Johel Antonio Zelaya anunció la medida a través de su cuenta en la red social X, respaldando la acción en el artículo 232 de la Constitución de la República y los artículos 207, 209 y 210 del Código Procesal Penal hondureño.
«La inmunidad no es impunidad», declaró Zelaya, enfatizando que «los días de ocultar crímenes tras un escaño han terminado».
Aunque no especificó los casos específicos bajo investigación, fuentes parlamentarias sugieren que la investigación podría estar relacionada con denuncias contra 34 diputados por presunto mal manejo de fondos públicos.
Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ya se encuentran en las instalaciones del Poder Legislativo ejecutando la orden de secuestro de documentos.
La intervención marca un momento significativo en la lucha anticorrupción del país, con el Fiscal General asegurando que «nuestra lucha contra la corrupción no se detendrá».
El Ministerio Público ha prometido dar respuestas a las exigencias de transparencia de la población hondureña, señalando que intervendrán en cualquier poder del Estado donde se detecten irregularidades.
Esta acción representa un paso sin precedentes en el escrutinio de las actividades legislativas y el combate a la corrupción en las altas esferas del poder político hondureño.
La investigación continúa en desarrollo, y se esperan más detalles sobre los casos específicos y el alcance de la documentación requerida por las autoridades fiscales.
