Tegucigalpa, Honduras.— El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, anunció este lunes una decisión que sacude el panorama político del país: ordenó ejecutar la captura internacional del expresidente Juan Orlando Hernández, apenas una semana después de que el mandatario estadounidense Donald Trump lo indultara y liberara de prisión.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el titular del Ministerio Público reveló que en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora el 9 de diciembre, ha instruido a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y exhortado a INTERPOL y organismos de seguridad del Estado a ejecutar la orden de captura contra el exmandatario.
«Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país», declaró Zelaya en su mensaje al pueblo hondureño, justificando la acción judicial contra quien gobernó el país durante ocho años.
El expresidente enfrenta en Honduras acusaciones por lavado de activos y fraude en el marco del caso Pandora II, investigación que involucra estructuras de corrupción que habrían operado durante su administración.
«Nuestra lucha es frontal», remarcó el fiscal, en un mensaje que parece dirigido tanto a la ciudadanía hondureña como a quienes podrían cuestionar la persecución judicial de un expresidente recién liberado por el gobierno estadounidense.
Hernández, quien gobernó Honduras bajo la bandera del Partido Nacional entre 2014 y 2022, fue capturado menos de tres semanas después de concluir su segundo y polémico mandato, en febrero de 2022, a petición de autoridades estadounidenses.
El exgobernante llegó al poder en medio de cuestionamientos y consolidó su control mediante una reelección inconstitucional en 2017, violando la Constitución hondureña que prohíbe la reelección presidencial bajo cualquier modalidad, en un proceso electoral denunciado masivamente como «fraude» por la oposición.
Tras su captura en Honduras, JOH fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, donde enfrentó un juicio federal que culminó con su condena en junio de 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico y armas.
En marzo de 2024, un jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) declaró culpable a Hernández de tres cargos de narcotráfico y armas, imponiéndole además cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.
Sin embargo, el expresidente hondureño cumplió apenas seis meses de su condena de 45 años antes de que el presidente Trump le otorgara un indulto presidencial que generó controversia internacional y fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y sectores políticos hondureños.
Hernández salió en libertad el pasado 1 de diciembre y actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde permanece bajo estatus de libertad tras el indulto que anuló su sentencia por delitos federales de narcotráfico.
La decisión del Fiscal General Zelaya de activar la captura internacional representa un desafío directo a la decisión del gobierno estadounidense de liberar al expresidente, y plantea un potencial conflicto diplomático entre Honduras y Estados Unidos.
La orden de captura emitida por autoridades hondureñas se basa en delitos cometidos en territorio nacional, específicamente en el caso Pandora II, una investigación separada de los cargos por narcotráfico que fueron juzgados en Nueva York.
El caso Pandora II involucra presuntas operaciones de lavado de activos y fraude vinculadas a estructuras de corrupción que habrían funcionado durante la administración de Hernández, cuando Honduras se convirtió en uno de los principales corredores del narcotráfico hacia Estados Unidos.
La instrucción del Fiscal General a INTERPOL para ejecutar la captura internacional significa que Hernández podría ser arrestado si viaja a cualquier país miembro de la organización policial internacional que decida honrar la solicitud hondureña.
